La Justicia y la Ciudad Autónoma investigan el proceso de adjudicación de 317 VPO en Ceuta
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta y la Administración autonómica han echado a andar este martes de forma definitiva sus investigaciones paralelas sobre el proceso de adjudicación de 317 viviendas de protección oficial construidas por el Ministerio de Fomento que fue dinamitado a finales de junio con la publicación de un supuesto listado de beneficiarios al que el Gobierno que preside Juan Vivas (PP) niega cualquier validez.
22/9/2015 - 17:43
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta y la Administración autonómica han echado a andar este martes de forma definitiva sus investigaciones paralelas sobre el proceso de adjudicación de 317 viviendas de protección oficial construidas por el Ministerio de Fomento que fue dinamitado a finales de junio con la publicación de un supuesto listado de beneficiarios al que el Gobierno que preside Juan Vivas (PP) niega cualquier validez.
En sede judicial ha declarado en calidad de imputado el ex viceconsejero de Vivienda del Ejecutivo local, Antonio López, denunciado por sus excompañeros como presunto responsable de la filtración de la "lista fantasma" de adjudicatarios tras "amenazar" al presidente con "reventar esto" si no le daba un puesto de designación política en la legislatura que comenzó en mayo.
Según ha explicado a los periodistas el letrado que defiende los intereses de los incluidos en esa relación de nombres, López ha defendido en sede judicial que la lista era el fruto del proceso de selección tutelado por la Comisión Local de la Vivienda, cuyos integrantes eran supuestamente conocedores del mismo.
Ese grupo de ciudadanos ha solicitado formalmente la paralización de los sorteos con los que el Gobierno y la oposición aprobaron este mes sin votos en contra repartir 126 casas entre más de 1.700 solicitantes de vivienda y otras 125 entre las cerca de 500 familias acogidas al programa municipal de alojamiento alternativo. El resto se darán directamente sobre cupos para víctimas de violencia de género o del terrorismo, discapacitados o afectados por otras operaciones urbanísticas.
En paralelo, este martes se ha reunido también por primera vez la comisión de investigación creada por el acuerdo plenario para "analizar las circunstancias que llevaron a la publicación de una lista falsa de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar".
La comisión ha solicitado a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa) "amplia documentación" que debe estar remitida en un plazo aproximado de siete días. El órgano se reunirá dos veces por semana "con la intención de que la duración de los trabajos sean lo más breves posible y que se pueda llegar a un acuerdo consensuado de conclusiones políticas".
El segundo grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, ha asegurado este verano que la Policía mantiene abierta una tercera línea de investigación sobre este mismo tema. "Tenemos la certeza de que los aspirantes a ocupar una casa de Loma Colmenar se estaban viendo obligados a pagar a determinados individuos supuestamente vinculados a Emvicesa pero es difícil obtener las pruebas ya que las personas extorsionadas son muy reacias a la hora de acudir al Juzgado", apuntó la formación localista en un comunicado.
El diario 'El Faro' ha informado esta semana de que las pesquisas policiales apuntan a posibles pagos de "hasta 10.000 euros" por vivienda y ha indicado que se ha producido la detención y puesta a disposición judical de al menos una persona y la identificación de otras seis en relación con estos hechos.
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