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Cientos de funcionarios, expedientados por Hacienda por pagar la mitad de IRPF sin vivir al menos 183 días en Ceuta

La Asociación Afectados por Hacienda, constituida por los cientos de funcionarios con destino en Ceuta que han sido expedientados por la Agencia Tributaria alegando que no viven en la ciudad autónoma los 183 días al año que considera mínimo indispensable para beneficiarse de la deducción del 50 por ciento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se aplica a los residentes, ha informado este miércoles de la presentación de otra querella criminal contra el responsable de la oficina de gestión local por un presunto delito de prevaricación administrativa.

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15/6/2016 - 18:31

CEUTA, 15 (EUROPA PRESS)

La Asociación Afectados por Hacienda, constituida por los cientos de funcionarios con destino en Ceuta que han sido expedientados por la Agencia Tributaria alegando que no viven en la ciudad autónoma los 183 días al año que considera mínimo indispensable para beneficiarse de la deducción del 50 por ciento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se aplica a los residentes, ha informado este miércoles de la presentación de otra querella criminal contra el responsable de la oficina de gestión local por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Desde la asociación se ha cifrado en "más de 300" el número de empleados públicos que han sido expedientados desde 2013 en el marco de una "persecución" en la que "los residentes en Ceuta son ubicados en cualquier lugar de la península sin atender a dónde se encuentran empadronados, dónde trabajan o dónde tienen un contrato de alquiler".

En declaraciones a Europa Press, la entidad asociativa ha indicado que la Administración se centró primero en los funcionarios de Prisiones y los efectivos de la Policía Nacional, pasando después al personal de la Guardia Civil, al sanitario, a los miembros de las Fuerzas Armadas y la plantilla del Ministerio de Justicia.

'Afectados por Hacienda' ha denunciado que, "sin posibilidad de defenderse", los expedientados reciben una liquidación provisional en su contra que, de media, se eleva a 5.500 euros "con una sanción equivalente al 50 por ciento de esa cantidad".

"Cuando pagan antes de ser embargados empiezan a recoger idénticas notificaciones sobre los otros tres ejercicios a los que puede remontarse la Agencia Tributaria, con lo que las familias deben hacer frente de golpe a pagos de hasta 30.000 euros", han resumido portavoces de la asociación, que este jueves saldrá por primera vez a la calle para mostrar su disconformidad ante la Delegación del Gobierno en Ceuta.

La Agencia Tributaria instruye los expedientes partiendo de que, para beneficiarse de las ventajas fiscales de Ceuta, es necesario pasar al menos 183 días al año en la ciudad, una exigencia incluida en la Ley del IRPF para entender que un contribuyente "tiene su residencia habitual en territorio español", por lo que la asociación opina que no procede aplicarla al caso de la ciudad "salvo que se cuestione su españolidad".

'Afectados por Hacienda' estima que en caso de la ciudad autónoma procede referirse a los criterios para determinar la residencia habitual en el territorio de una Comunidad Autónoma, para lo que se exige, entre otros criterios, permanecer en un territorio "un mayor número de días del período impositivo" incluyendo "las ausencias temporales".

La asociación asegura que "todos" los casos de sanciones que han llegado al Tribunal Económico Administrativo han sido ganadas por los expedientados y que lo mismo ha ocurrido con "el 75 por ciento" de las liquidaciones. Cuatro expedientes han derivado en causas penales y "muchos más" en procedimientos contencioso-administrativos.

Además, ha acusado a la Administración de acceder a datos protegidos como los de la subvención al transporte marítimo para saber cuántas veces cruza una persona el Estrecho de Gibraltar.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha defendido recientemente que "hacer que la gente pague sus impuestos no puede ser nunca una persecución" y que quien cobra un plus de residencia o se beneficia de las deducciones fiscales locales ha de "vivir" en la ciudad como forma de promover el "desarrollo endógeno" y de impedir que haya "ceutíes que quieren venir a su ciudad y quizá no vienen porque hay personas que están nominalmente trabajando pero no residiendo aquí".
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