Piden recusar a la jueza que investiga la presunta adjudicación irregular de VPO en Ceuta por su relación con un policía
La defensa del ex diputado autonómico del PP, ex viceconsejero del Gobierno de Ceuta y ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), Antonio López, que permanece en prisión provisional desde hace dos meses y medio, ha solicitado la recusación de la jueza instructora de la causa que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en la ciudad autónoma por su "relación de amistad íntima o sentimental" con uno de los policías que han participado en las diligencias.
06/5/2017 - 14:20
La defensa del ex diputado autonómico del PP, ex viceconsejero del Gobierno de Ceuta y ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), Antonio López, que permanece en prisión provisional desde hace dos meses y medio, ha solicitado la recusación de la jueza instructora de la causa que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en la ciudad autónoma por su "relación de amistad íntima o sentimental" con uno de los policías que han participado en las diligencias.
En el escrito de recusación registrado por el nuevo abogado de López, el sevillano José María Calero, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, se argumenta que "de ser finalmente acreditada la relación, podría ser suficiente para que pueda y deba ponerse seriamente en entredicho la obligada y preceptiva posición de tercero imparcial de juez frente a las peticiones que penden de su decisión".
Según recuerda, durante el "largo y prolongado periodo en que han cursado declaradas secretas las actuaciones, entre octubre de 2015 y abril de 2017, los folios reflejan que la instrucción ha consistido en una sucesión encadenada de peticiones realizadas por funcionarios policiales al juzgado pidiendo autorización para limitar derechos fundamentales de los investigados".
Desde su punto de vista, "aunque los funcionarios policiales no puedan ser tenidos estricto sensu como 'partes' del procedimiento, es una evidencia que durante todo ese largo periodo ellos han sido los únicos que han formulado peticiones que debían ser valoradas y resueltas por la autoridad judicial en su función tuteladora de los derechos de los afectados".
La recusación también alega que la instructora incurrió en una "auto-atribución del conocimiento e instrucción de la presente causa" cuando, como titular del Juzgado número 3, resolvió una petición "formulada por ella misma" desde el número 2, lo que la defensa interpreta como indicio de "unas maniobras para acaparar el conocimiento del asunto".
Para terminar, Calero también plantea que en la instrucción ha existido una "sobredimensión de la instrucción", así como "desproporción de las medidas de investigación en relación con hechos consistentes en irregularidades administrativas", "retraso en la resolución de la petición de libertad" y "actuaciones bajo secreto falto de motivación suficiente".
Las diligencias del 'caso Emvicesa' persiguen esclarecer la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental, cohecho, organización criminal, malversación de caudal público, tráfico de influencias y blanqueo de capitales alrededor de la adjudicación de viviendas de protección oficial en Ceuta.
Además de López, desde mediados de febrero están en prisión provisional sin fianza otras tres personas, los individuos que supuestamente cobraban dinero para asegurar a los 'clientes' hacerse con casas de promoción pública.
Las actuaciones permanecieron bajo secreto de sumario durante un año y medio y en el curso de las mismas han alcanzado la consideración de investigados más de 50 personas. Entre los detenidos por la Policía Nacional se encontraron las ex consejeras de Hacienda y Educación del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP) y Rabea Mohamed (PP), que abandonaron sus cargos pocos días después de quedar en libertad con cargos, situación en la que también se encuentra el portavoz del segundo grupo de la oposición, Mohamed Ali (Caballas), y el ex secretario general del PSOE, José Antonio Carracao.
En el auto con el que levantó el secreto de sumario la instructora dio por constatado que "las viviendas en Ceuta, en las promociones objeto de estudio, han sido adjudicadas sin someterse a procediendo legal alguno, ni criterio de sostén institucional, ni baremo de realidad social". "Las viviendas de Ceuta se daban por unos pocos, a otros pocos y sin criterio ninguno", estimó.
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