Desarticulan en Ceuta un grupo que hacía contratos falsos para lograr o renovar permisos de residencia y cobrar subsidio
Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han puesto este miércoles a disposición judicial a los 13 detenidos en el marco de la 'Operación Paloma', que ha permitido desarticular un grupo organizado dedicado a la realización de contratos de trabajo fraudulentos a cambio de entre 850 y 6.000 euros "para obtener permisos de residencia, la renovación de distintos documentos y el cobro de subsidios".
11/10/2017 - 14:07
CEUTA, 11 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han puesto este miércoles a disposición judicial a los 13 detenidos en el marco de la 'Operación Paloma', que ha permitido desarticular un grupo organizado dedicado a la realización de contratos de trabajo fraudulentos a cambio de entre 850 y 6.000 euros "para obtener permisos de residencia, la renovación de distintos documentos y el cobro de subsidios".
En una nota, la Jefatura ha explicado este miércoles que durante los dos últimos años ha trabajado "en estrecha colaboración" con la Oficina de Extranjeros, el Servicio de Empleo Público Estatal, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y, "en especial", la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Los arrestos se han materializado en el entorno de dos gestorías de la ciudad autónoma que confeccionaban contratos falsos a ciudadanos marroquíes "para conseguir permisos de residencia en España o para demostrar que tenían solvencia económica y así conseguir su renovación e incluso para tramitar algún tipo de subsidio".
"Varios empresarios, gestores y personas autorizadas" colaboraban con el grupo y eran los encargados de acceder a las aplicaciones telemáticas en las que, con las claves necesarias, colgaban los datos necesarios y sus contratos para que el Servicio de Empleo Público Estatal y la Tesorería de la Seguridad Social procedieran a darlos de alta.
La Jefatura ha explicado que los contratos falsos se hacían en las gestorías con empresas que daban de alta a los presuntos trabajadores pero en las que nunca llegaban a realizar "ningún tipo de actividad laboral". También se hacía uso de los contratos "sin necesidad de pagar las cuotas a la seguridad social".
En función de la modalidad de los contratos se cobraba entre 850 y 6.000 euros a los falsos empleados. La tarifa más baja se correspondía con "contratos cortos"; los de seis meses se cotizaban a 3.000 euros; y los de uno o más años costaban el doble.
Todos los miembros del grupo estaban "bien aleccionados" y "especializados" para reaccionar con acierto a cualquier visita de la Inspección de Trabajo y demostraban un "perfecto conocimiento del sistema establecido para las altas de trabajadores, de compleja coordinación entre los órganos participantes".
Los detenidos son los cuatro propietarios de las dos gestorías implicadas, una empleada y dos empresarios como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, falsedad de documentos públicos y asociación ilícita. Cuatro ciudadanos marroquíes y dos españoles están acusados de supuestos delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental.
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