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Cierran la instrucción sobre la venta de VPO en Ceuta con exdiputados y altos cargos entre los 60 investigados

La magistrada que ha dirigido la instrucción de la mayor macrocausa judicial de la historia de Ceuta ha dado este lunes por cerradas las diligencias iniciadas en junio de 2015 por la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial a cambio de dinero. La jueza ha acordado continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado contra 60 personas, entre ellas tres ex diputados autonómicos del PP que también ocuparon responsabilidades de Gobierno, el actual portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) y el que fuera gerente del Partido Popular Regional.

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19/11/2018 - 17:13


CEUTA, 19 (EUROPA PRESS)

La magistrada que ha dirigido la instrucción de la mayor macrocausa judicial de la historia de Ceuta ha dado este lunes por cerradas las diligencias iniciadas en junio de 2015 por la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial a cambio de dinero. La jueza ha acordado continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado contra 60 personas, entre ellas tres ex diputados autonómicos del PP que también ocuparon responsabilidades de Gobierno, el actual portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) y el que fuera gerente del Partido Popular Regional.

Entre los investigados se encuentra el que fuera diputado autonómico del PP hasta 2015, viceconsejero de Vivienda y gerente de Emvicesa, Antonio López, al que la juez considera "cabecilla de la organización criminal y máximo responsable" y al que atribuye presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. Para la instructora "entregó" a cambio de dinero viviendas de al menos una promoción de VPO e intentó hacer lo mismo con otra.

La juez también continúa el procedimiento contra cinco individuos que "captaban" a los 'clientes' de López; cinco funcionarios de Emvicesa, tres antiguos miembros de la Comisión Local de la Vivienda (las 'populares' Susana Román y Rabea Mohamed, ex consejeras de Fomento y Asuntos Sociales; y el líder de Caballas, Mohamed Ali); el que fuera en la fecha de los hechos gerente del PP de Ceuta, Jesús Gómez Barceló; y los "clientes o compradores de las viviendas", a los que atribuye de manera genérica y según cada caso presuntos delitos de cohecho, organización criminal, falsedad documental, malversación, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La magistrada da por "sabido" que el que fuera gerente de Emvicesa y los "captadores" formaban "una organización criminal" en la que cuando los segundos "tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios" aunque no cumpliesen los requisitos o les entregaba "documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a vivienda". "La mayoría" de los particulares investigados por cohecho han "reconocido las entregas de efectivo a dichos individuos", dos de ellos en busca y captura.

Asimismo, la jueza ve "llamativo" el "caudal que ha amasado" López y que se refleja en una pieza separada para indagar en la compra de un dúplex en Marbella y otra propiedad. "Dicho aumento patrimonial se debe a la inversión de los ingresos obtenidos de la actividad delictiva ejecutada [*] dado que no existe paralelismo entre los ingresos que dice percibir o que percibe con el nivel económico que mantiene", apunta la instructora.

En relación a los cinco funcionarios de Emvicesa investigados, la magistrada les atribuye una "especial relevancia" en "la trama criminal organizada para obtener el enriquecimiento" ya que actuaron "a las órdenes irregulares del cabecilla de la trama a sabiendas de que las directrices que tomaban y la selección de beneficiarios de las viviendas que éste hacía ni eran respuesta del proceso legal de selección ni eran fiscalizadas por la Comisión Local de la Vivienda". "Lejos de negarse a cumplir dichas órdenes, las acataban a sabiendas de su injusticia, bien porque se beneficiaban de sus decisiones, o bien por otros motivos", intuye.

La juez también dirige el procedimiento contra tres miembros antiguos de la Comisión Local de la Vivienda porque "ha quedado acreditado que dicho órgano, encargado de la fijación de criterios, control de aplicación de los mismos, aprobación de lista de adjudicatarios y fiscalización última del proceso llevado a cabo en Emvicesa, ni realizó proceso reglado en la promoción de las 170 ni en la promoción de la conocida lista fantasma, ni fijó criterios de selección para el proceso de las 170 viviendas y la lista fantasma, ni aprobó ninguna lista de adjudicatarios en la promoción de las 170", incurriendo en una serie de "falsedades" que la juez enumera en el auto.

A Román, Mohamed y Ali les atribuye presuntos delitos continuados de malversación de caudal público y prevaricación administrativa. A la primera también de falsedad documental y a los otros dos de tráfico de influencias por "entregar" inmuebles a familiares.

Con respecto al exgerente de PP, Gómez Barceló, "procede proceder contra él por un delito de tráfico de influencias" porque "utilizaba su relación con el partido para conseguir de López una vivienda de protección oficial y era conocedor de que este entregaba las casas a cambio de dinero o fuera de todo proceso legal". La juez llega a decir que "dirigía a personas para que fueran recibidas por López para que este les diera una casa".

En la misma resolución, justo antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad autónoma para trasladarse a El Puerto de Santa María, la instructora archiva la causa contra dos investigados, uno el ex secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, "al no existir elementos incriminatorios o indicios criminales sostenibles para iniciar el procedimiento abreviado frente a ellos".
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