Archivan por falta de tiempo para seguir investigando una pieza separada sobre la adjudicación irregular de VPO en Ceuta
La ya ex magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha archivado esta semana, justo antes de ser trasladada a El Puerto de Santa María (Cádiz), la pieza separada que por la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias en relación con la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial (VPO) abrió en noviembre del año pasado con una ex consejera del Ejecutivo regional, un antiguo diputado autonómico, altos cargos de la Administración, abogados y policías como investigados.
24/11/2018 - 16:31
CEUTA, 24 (EUROPA PRESS)
La ya ex magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha archivado esta semana, justo antes de ser trasladada a El Puerto de Santa María (Cádiz), la pieza separada que por la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias en relación con la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial (VPO) abrió en noviembre del año pasado con una ex consejera del Ejecutivo regional, un antiguo diputado autonómico, altos cargos de la Administración, abogados y policías como investigados.
La jueza, que también ha cerrado la instrucción de la macrocausa del 'caso Emvicesa' con 60 investigados, ha archivado esta pieza separada porque, tras tomar declaración a los imputados, "su negativa de los hechos, unida a las ausencias de más diligencias que puedan acreditar los hechos y el paso del tiempo de la instrucción que impide seguir practicándolas, hace que deba terminarse el proceso", ya que en caso de persistir podrían "ser nulas de pleno derecho".
Entre los nueve investigados estaban el supuesto cabecilla de una trama dedicada a adjudicar irregularmente o directamente vender VPO, el ex diputado del PP y ex viceconsejero Antonio López; una antigua consejera de Fomento, un actual director general de la Ciudad Autónoma, quien fuera representante de Ciudadanos (Cs) en el Consejo de Administración de Emvicesa y en la Comisión Local de la Vivienda, una asesora del Ejecutivo regional que preside Juan Vivas (PP), adjudicatarios de viviendas en distintas promociones de la ciudad, un conocido abogado y un agente de la Policía Nacional que fue el único que se negó a decir nada en sede judicial.
La magistrada ha concluido que, "examinadas las pruebas practicadas" se deduce que "todos" los investigados "dirigieron algún tipo de iniciación a Antonio López", al que en el 'caso Emvicesa' se imputan presuntos delitos de "cohecho, organización criminal, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capital".
"Se relacionaba con personas de Ceuta que, por determinadas circunstancias, influían en él y solicitaban viviendas para particulares necesitados de ellas", explica la jueza en el auto de sobreseimiento a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, que refiere que "las conversaciones mantenidas por los investigados ponen de manifiesto, al menos a priori, que se mantenían conversaciones sobre viviendas y personas que posteriormente salían en la conocida 'lista fantasma' teniendo previamente un compromiso".
La instructora señala que "habiendo dado razón de sus conversaciones todos los investigados", salvo un policía nacional "que no dio razón alguna del contenido claro de su conversación en relación con la beneficiaria de una vivienda de la 'lista fantasma", no ha quedado "explicado" por qué "facilitaban datos concretos y personales de terceras personas como nombres y DNI, por qué hablaban en esos términos, qué trabajo les relacionaba con López para justificar sus conversaciones...".
Esta pieza separada se abrió después de que la Udyco de Ceuta elevase al Juzgado un informe sobre el teléfono móvil de López. "Se atisban una serie de delitos como son el de cohecho y el de tráfico de influencias" y se ha conseguido identificar "a los presuntos autores de los mismos", indicaba literalmente el dictamen. "Igualmente", del análisis de las tarjetas de visita halladas en el domicilio de López los investigadores dedujeron la existencia de "presuntos responsables del delito de tráfico de influencias".
A juicio de los agentes, con ambas fuentes "se evidencia que las viviendas eran entregadas mediante el tráfico de influencias, por lo que no queda género alguno de duda en cuanto a que eran entregadas a personas que no tenían los requisitos exigidos ni pasaban el pertinente y legal proceso que debía llevar y que eran adjudicadas a cambio de dinero o arbitrariamente a través del tráfico de influencias".
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