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La delegada del Gobierno en Ceuta declara en Fiscalía como investigada por la devolución de 55 menores marroquíes solos

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha declarado este lunes durante cerca de 90 minutos ante la Fiscalía en calidad de investigada por la comisión en agosto de un presunto delito de prevaricación administrativa en la repatriación de 55 menores marroquíes migrantes solos llegados a la ciudad autónoma durante la crisis de mayo.

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13/12/2021 - 13:20


CEUTA, 13 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha declarado este lunes durante cerca de 90 minutos ante la Fiscalía en calidad de investigada por la comisión en agosto de un presunto delito de prevaricación administrativa en la repatriación de 55 menores marroquíes migrantes solos llegados a la ciudad autónoma durante la crisis de mayo.

Para ejecutarlo se aplicó un acuerdo bilateral de 2007 de "retorno asistido", procedimiento que fue paralizado tres días después por orden judicial al no ceñirse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería ni respetar las convenciones internacionales.

Mateos ha declarado acompañada por la abogada del Estado Zaida Fernández y el pasado viernes hicieron lo propio, en su caso como testigos, el secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y la consejera de Presidencia del Ejecutivo local, Mabel Deu.

A su salida de los juzgados la delegada ha evitado hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a "agradecer" su presencia a los periodistas.

Las diligencias incoadas son el resultado de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores de Granada por 'L'Escola A.C Asociación Internacional para el desarrollo integral de las personas'. Ahora el Ministerio Público deberá decidir si denuncia a Mateos para abrir un procedimiento penal o archiva las actuaciones.

Tanto el Gobierno central como el local han venido defendiendo desde agosto que el mecanismo que se pactó aplicar con Marruecos para la devolución de cientos de jóvenes migrantes solos llegados a Ceuta en mayo buscaba su "retorno asistido" con agilidad por razones de "emergencia" y velando por su "interés superior", para lo que se acordó no expulsar a los niños y adolescentes con perfiles vulnerables detectados y contar con una entidad pública del Reino alauita (L'Entraide National) que se haría cargo de aquellos que no pudiesen reunirse con sus familias.

La Secretaría de Estado de Seguridad "rogó" el 10 de agosto en un correo electrónico dirigido a Kasrou que se iniciase cuanto antes la repatriación de menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta en base al Acuerdo sobre Cooperación en el Ámbito de la Prevención de la Emigración Ilegal de Menores No Acompañados, su Protección y su retorno concertado de 2007 y sin ceñirse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Dicha norma establece que la delegada es la competente en Ceuta para "llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado" previa solicitud de informes tanto a la entidad que tenga atribuida su guarda, custodia o tutela como al país de origen, requisitos que no se cumplieron durante las expulsiones ejecutadas entre el 13 y el 16 de agosto, cuando la Justicia ordenó su paralización.

La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta concluyó que "ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores", a pesar de que el propio pacto bilateral entre Estados estipula que las autoridades españolas debían obrar "con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".

"Ni se ha tramitado cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación", razonó la magistrada para paralizar el procedimiento.
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