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Dos ONG piden ejercer de acusación contra delegada y vicepresidenta de Ceuta por expulsar a niños migrantes

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola AC ya han solicitado formalmente a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ejercer la acusación popular en el proceso penal que, a instancias de la Fiscalía de la ciudad autónoma, ha admitido a trámite por un presunto delito de prevaricación continuada contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Ejecutivo regional, Mabel Deu (PP), por su intervención en la expulsión exprés de 55 niños migrantes solos marroquíes entre el 13 y el 16 de agosto de 2021.

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12/8/2022 - 18:44


CEUTA, 12 (EUROPA PRESS)

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola AC ya han solicitado formalmente a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ejercer la acusación popular en el proceso penal que, a instancias de la Fiscalía de la ciudad autónoma, ha admitido a trámite por un presunto delito de prevaricación continuada contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Ejecutivo regional, Mabel Deu (PP), por su intervención en la expulsión exprés de 55 niños migrantes solos marroquíes entre el 13 y el 16 de agosto de 2021.

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, a la primera, una plataforma de entidades locales y estructuras no partidistas, expertos y juristas que trabaja "para la puesta en común de criterios para generar un avance en los Derechos Humanos en el ámbito de la Inmigración", se le han requerido 1.500 euros de fianza para personarse en la causa, en la que las dos políticas están citadas como investigadas a declarar el próximo 1 de septiembre.

L'Escola, una asociación civil sin ánimo de lucro que persigue "el desarrollo integral de las personas más vulnerables", fue la organización que hace doce meses denunció ante la Fiscalía de Granada la repatriación de los menores extranjeros no acompañados como un posible ilícito penal, hipótesis que ha terminado asumiendo tras su investigación el Ministerio Público de Ceuta. La jueza instructora le ha solicitado que aporte fianza sin concretar su cuantía y que designe abogado y procurador.

La Fiscalía de Ceuta denunció el pasado 10 de junio a Mateos y Deu al considerar que, a sabiendas y de común acuerdo, durante la expulsión a Marruecos en agosto del año pasado de un total de 55 jóvenes llegados a la ciudad durante la crisis migratoria de mayo "omitieron de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho".

Según el Ministerio Público no constó "la incoación de procedimiento, al igual que la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia, la fase de prueba ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores [se elaboró un listado de 145] o la comunicación a la Fiscalía".

Mateos, como autoridad competente en materia de repatriaciones de menores, y Deu, que tenía la tutela de los chicos, siempre han apelado a un Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados de 2007, que en su artículo 5 deja claro que cualquier repatriación de un niño migrante solo puede hacerse "con la observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de los estableció en la Convención sobre Derechos del Niño por parte de las autoridades competentes españolas".

Tanto en primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya han concluido por la vía administrativa que el proceder de la administración estuvo "exento de las mínimas garantías procedimentales exigibles" y "conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución".
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