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La delegada del Gobierno en Ceuta reitera que las expulsiones de niños marroquíes se basaron en un pacto entre Estados

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha declarado este miércoles por la tarde durante algo más de dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 local en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación continuada por la expulsión en agosto del año pasado de 55 menores marroquíes no acompañados sin ceñirse a los procedimientos prescritos en la Ley de Extranjería, sino ejecutando un "pacto" entre Madrid y Rabat.

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05/10/2022 - 19:49


CEUTA, 5 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha declarado este miércoles por la tarde durante algo más de dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 local en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación continuada por la expulsión en agosto del año pasado de 55 menores marroquíes no acompañados sin ceñirse a los procedimientos prescritos en la Ley de Extranjería, sino ejecutando un "pacto" entre Madrid y Rabat.

Mateos ha llegado al Palacio de Justicia a las cinco de la tarde acompañada por todo su gabinete con el objetivo, según ha explicado a los periodistas, de "terminar de una vez" con lo que considera que es "una injusticia". En declaraciones a los medios ha avanzado que se limitaría a "repetir" lo que ya explicó en diciembre llamada a testificar por la Fiscalía.

La delegada se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular y solamente lo ha hecho a las formuladas por la jueza instructora, el Ministerio Público y su propia defensa.

Según su versión, la Delegación y el Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP), competente en materia de Menores desde 1999, actuaron en todo momento de acuerdo con distintos ministerios como los de Interior, Justicia o Exteriores, así como con el gabinete del presidente Sánchez, en busca de una solución urgente más allá de la derivación de 200 tutelados a otras regiones para paliar la situación de emergencia generada en Ceuta por la permanencia tras la crisis de mayo de más de mil menores foráneos solos.

Según Mateos, los contactos establecidos con Marruecos llevaron a que este país aceptara por primera vez activar el Acuerdo de 2007 y se comprometiese a hacerse cargo de los niños a través de una entidad gubernamental [L'Entraide Nationale] antes de devolverlos a sus familias. Ella misma contactó en agosto con autoridades regionales del país vecino a las que dio absoluta credibilidad sobre sus intenciones y "entendía" que "una oenegé" había analizado la "vulnerabilidad" de los chicos, por lo que consideraba cumplidos "todos los requisitos".

En diciembre la delegada ya aseguró que "no le consta" que los menores se negaran a ser expulsados y que, al contrario, Deu le había transmitido que "estaban muy contentos" por salir de Ceuta, algo que se contradice con los informes de SAMU. También afirmó que "nadie" le manifestó su desacuerdo con el protocolo que se iba a aplicar al margen de la legislación, algo que vio justificado en una situación "excepcional" y mirando por el "bienestar" de los jóvenes.

Igualmente señaló que al término de una reunión en la frontera con representantes de Marruecos en la que la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, reiteró sus reparos legales, nadie se los transmitió, sino que al contrario le dieron "todas las garantías" de que no se obraba legalmente, como hasta ahora han entendido todas las instancias judiciales de lo Contencioso-Administrativo que se han pronunciado, tanto en primera instancia como el TSJA.

Mateos tiene atribuidas las competencias para ejecutar cualquier repatriación de menores extranjeros no acompañados de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Extranjería, que se obvió, y Deu, responsable de Menores entonces, podría haberlo evitado, por lo que también figura como investigada por el mismo supuesto delito que se persigue. Las diligencias abiertas deberían determinar, según las fuentes consultadas, si además de ambas otros responsables de la administración a niveles superiores deben acabar imputados como cooperadores necesarios.
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