Faconauto cree que se podía haber evitado el fraude masivo del Plan Pive y lo califica de "residual"
La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha asegurado que las prácticas ilícitas llevadas a cabo en la solicitud de ayudas del Plan Pive investigadas por parte de la Guardia Civil podían haberse evitado con la exigencia de la titularidad del vehículo doce meses antes a la fecha de solicitud de dicha ayuda.
22/2/2017 - 15:09
La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha asegurado que las prácticas ilícitas llevadas a cabo en la solicitud de ayudas del Plan Pive investigadas por parte de la Guardia Civil podían haberse evitado con la exigencia de la titularidad del vehículo doce meses antes a la fecha de solicitud de dicha ayuda.
En un comunicado, la federación "condena" dicho fraude y asegura que el requisito que ellos proponen se implantó en la última edición de este plan, el PIVE 8.
De igual modo, la patronal de los concesionarios indica que estas prácticas ilegales de subvencionar la compra de coches nuevos a cambio de acharratar los antiguos vehículos son totalmente "residuales".
En este sentido, Faconauto remarca que los beneficiarios de los Planes Pive han sido los compradores, que han percibido del Gobierno un total de 1.115 millones de euros y otros 1.115 del sector en ayudas a la adquisición de vehículos eficientes durante sus ocho ediciones.
En el marco de la Operación 'Preveo', la Benemérita ha conseguido pruebas incriminatorias de los detenidos con esta actividad delictiva, en la que se encuentran detenidas 44 personas físicas que obtuvieron ayudas a través de este sistema y otras 11 relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres.
Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2015 tras la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) al que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos ubicado en La Solana (Ciudad Real).
La Guardia Civil descubrió la existencia de anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días de esta transferencia sin que el denunciante prestara consentimiento alguno y realizó una inspección al establecimiento.
En el transcurso de esta inspección se descubrieron varias irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva, sospechando que con todos ellos se hubieran realizado actuaciones similares a las descritas.
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