La Comunidad presenta un recurso contra los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar a los que reclama 42 millones
La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo número 34 de Madrid para reclamar a los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo el pago de los 42 millones de euros (21 cada administración) correspondientes a su parte de la cantidad con la que se debe indemnizar (tras sentencia judicial) a los propietarios de los terrenos de El Tagarral, ubicados en Tres Cantos en la actualidad.
gentedigital.es
21/9/2016 - 18:42
Previamente a este paso, la Comunidad de Madrid les había enviado varios requerimientos solicitándoles el pago de esas cantidades, que las dos administraciones locales no han hecho efectivas hasta el día de hoy.
Tres Cantos alega que cuando sucedieron los hechos (1987) el municipio no existía y que, por tanto, considera que no deben hacerse cargo de ese pago mientras que Colmenar Viejo alega que no tiene presupuesto para hacer frente a esa cantidad.
Con fecha 1 de septiembre, se dictó una resolución del juzgado contencioso administrativo número 34 de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se admite a trámite el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid y se solicita al Ayuntamiento de Tres Cantos que remita el expediente y la documentación sobre el caso.
Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos confirman que han recibido esa resolución y que se ha colgado el escrito en el portal de transparencia del Consistorio.
El primer teniente de alcalde de la localidad, Javier Juárez, se ha reiterado en la afirmación de que "la sentencia se refiere a una decisión urbanística tomada antes de que Tres Cantos fuera municipio".
El caso El Tagarral se remonta al año 1987. Entonces, el Consistorio de Colmenar aprobó su PGOU y estableció recalificar los terrenos (hoy en el término municipal de Tres Cantos) como no urbanizables. La Comunidad lo ratificó, mientras que los propietarios, al ver dañados sus derechos, acudieron a los tribunales.
En 1992, el Tribunal Supremo condenó a la Comunidad y a los dos consistorios a indemnizarles con 42 millones de euros, una cifra que posteriormente aumentaría hasta los 60 millones por los intereses. Finalmente, en 2012, el TSJM instó a las administraciones a la ejecución forzosa de la sentencia.
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