Demanda para Tres Cantos y Colmenar por El Tagarral
La Comunidad de Madrid ha llegado a los tribunales con el caso de El Tagarral. El pasado 1 de septiembre, el Gobierno regional presentaba un recurso en el juzgado contencioso administrativo número 34 de Madrid para reclamar a los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo un total de 42 millones de euros.
La Comunidad de Madrid presenta un recurso ante el juzgado contencioso administrativo
gentedigital.es/Daniel Grandell
22/9/2016 - 18:00
Hay que destacar que el Gobierno regional decidió asumir en su momento la totalidad de esta cantidad, con la que se debía indemnizar a los propietarios de estos terrenos. No obstante, la llegada de Cifuentes al Ejecutivo regional ha supuesto un cambio de rumbo, ya que, en los últimos meses, se han enviado hasta tres requerimientos en los que se reclaman estos 42 millones de euros a la dos administraciones locales (21 millones a cada una).
Tres Cantos alega que cuando sucedieron los hechos no existía como municipio independiente y, como indica su primer teniente de alcalde, Javier Juárez, "no debe hacerse cargo de este pago". Por su parte, Colmenar Viejo ofrece terrenos para hacer frente a esta sanción, inasumible para sus cuentas municipales.
Estas respuestas no han convencido a la Comunidad, que a principios de mes presentaba este recurso. Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos confirman que han recibido esta resolución, que ya se ha colgado en el portal de transparencia de la web municipal.
A este respecto, desde el grupo municipal de Ganemos han criticado "la inacción del Ejecutivo local, que ha derivado en esta demanda judicial". Por su parte, fuentes del Consistorio colmenareño también aseguran haber recibido esta documentación, aunque, como adiverten los grupos de la oposición "estamos a la espera de que el alcalde, Miguel Ángel Santamaría, nos informe, porque no nos ha dicho nada".
CRONOLOGÍA DE UNA MULTA A TRES BANDAS
El caso de la finca El Tagarral se remonta al año 1987. Entonces el Consistorio de Colmenar Viejo aprobó su PGOU y estableció recalificar los terrenos (hoy en el municipio de Tres Cantos) como no urbanizables.
La Comunidad lo ratificó, mientras que los propietarios, al ver dañados su derechos, acudieron a los tribunales. En 1992, el Tribunal Supremo condenó al Gobierno regional y a los dos ayuntamientos a indemnizarles con una cifra que aumentaría hasta los 60 millones de euros debido a los intereses. Finalmente, en 2013, el TSJM instaría a las administraciones a la ejecución forzosa de la sentencia.
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