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TRIBUNALES

La Fiscalía denuncia a dos exalcaldes de Colmenar por prevaricación

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido al juzgado una denuncia contra ocho miembros de antiguos gobiernos de Colmenar Viejo, entre los que figuran los dos exalcaldes José María de Federico y Miguel Ángel Santamaría.

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gentedigital.es/Patricia Cristóbal
03/3/2017 - 08:01

El escrito, al que ha tenido acceso GENTE, considera que los denunciados dejaron de ejercer funciones públicas para "favorecer" a determinados arquitectos que han estado desarrollando encargos municipales en dicho municipio entre 2006 y 2014. La denuncia también hace referencia a dos técnicos municipales.

En el ámbito político, la Fiscalía llama a analizar la actuación que llevaron a cabo César de la Serna y Belén Colmenarejo, actuales concejales de Medio Ambiente y de Hacienda, respectivamente.

Por otro lado, se insta a investigar a los exediles Justo García, Pablo Colmenarejo, Antonia García e Inmaculada Viñoles.

OBJETO A INVESTIGAR

En concreto, la Fiscalía reclama que se estudien ocho sucesos que, según las primeras pesquisas, pudieran ser constitutivos de delito.

Según el documento, desde el año 2006 algunos miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo aprobaron resoluciones y "dejaron de ejercer funciones públicas" correspondientes al Consistorio y relativas a la inspección y sanción de infracciones urbanísticas, pese a que eran conscientes de la ilegalidad de tales actos y omisiones, según considera el escrito.

Por todo ello, el fiscal pide que se dicte un auto donde se ordene que se inicien las investigaciones que conduzcan a esclarecer los hechos denunciados.

DEFIENDEN SU ACTUACIÓN

Por su parte, fuentes municipales han señalado a GENTE que las denuncias proceden de una exarquitecta municipal, quien, según han indicado, ha sido sancionada con cuatro años de suspensión de empleo y sueldo.

También han explicado que la acusación hace referencia a una serie de licencias otorgadas con informe positivo de los técnicos, aunque "ella mantiene que se debería haber hecho otra interpretación de la norma", algo que es un punto de vista "totalmente subjetivo, que no es compartido por el técnico funcionario que realizó dichos informes".

Asimismo, desde el Consistorio han asegurado que los informes jurídicos "también fueron favorables en esos casos". Las mismas fuentes han concluido que el Ayuntamiento ha actuado "en todos los casos, y tanto a nivel técnico como político, para favorecer el bien general".

 

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