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El Tagarral, una solución con efectos diversos

El Ayuntamiento de Tres Cantos hace una llamada a la tranquilidad por "la fortaleza económica". El alcalde de Colmenar adelanta que la multa se pagará en 12 años.

Archivado en: urbanismo, Tres Cantos, Colmenar Viejo, El Tagarral

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GENTE
18/12/2020 - 00:26

Punto y final a uno de los temas que más recorrido ha tenido en la historia reciente de Colmenar Viejo y Tres Cantos. El conflicto de El Tagarral se cierra con la asunción por parte de estos dos municipios del coste de la multa que, según los tribunales, les corresponde y que, en su día, asumió íntegramente la Comunidad de Madrid. En total, la sanción asciende a más de 60 millones de euros, incluyendo intereses de demora y las costas judiciales, cantidad que, tras ser dividida entre el Gobierno regional y los ayuntamientos de las dos localidades del Norte arroja un total de más de 24 millones (concretamente 24.078.132,10 de euros, según las cuentas publicadas por Colmenar Viejo) que cada consistorio debe pagar a la Comunidad de Madrid.

LEVES DIFERENCIAS
El anuncio realizado el pasado jueves 10 de diciembre no se puede considerar de novedoso, toda vez que ya a principios de este 2020 tanto Tres Cantos como Colmenar Viejo daban por hecho que la vía judicial se saldaría con una sentencia desfavorable. Eso sí, ambos ayuntamientos abordan el pago de esta multa desde diferentes posiciones. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, adelantó que "los vecinos pueden estar tranquilos", ya que "la fortaleza económica del Ayuntamiento y el ahorro generado nos permitirá afrontar las obligaciones de pago de la sentencia y desarrollar el proyecto de ciudad que los tricantinos apoyaron". Hay que recordar que el Consistorio tricantino presentaba hace escasos días unos presupuestos que ya tenían en cuenta esta multa. Por su parte, el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, detalló que la cantidad se va a pagar en 12 años y que "es necesario resolver este problema para que la ciudad siga avanzando".

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Un conflicto que se remonta a 1987:

La situación actual es consecuencia de una decisión que en su día tomaron el Gobierno regional y ambos ayuntamientos (entonces en manos socialistas), por la que se decidió cambiar la calificación de los terrenos de El Tagarral como no urbanizables. Los propietarios mostraron su disconformidad y lo recurrieron a través de la vía judicial, que les acabó dando la razón.

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