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Manifiesto para las elecciones

El afectado por la vaquería ilegal de Fuente Palmera pide a los partidos que la retiren y se limpie la zona

Lamenta que las distintas corporaciones que han tenido "el problema" sobre la mesa "no han sabido resolver", pese a sentencia firme

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18/4/2015 - 11:31

Lamenta que las distintas corporaciones que han tenido "el problema" sobre la mesa "no han sabido resolver", pese a sentencia firme

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El vecino de la localidad cordobesa de Fuente Palmera afectado por la vaquería declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desde julio de 2009, y a la espera de su cierre definitivo o traslado a otra zona del pueblo, que ya estaba aprobado desde 2012, pide a los partidos que se presentan a las próximas elecciones municipales del mes de mayo que se comprometan a que en un plazo no superior a seis meses las instalaciones sean retiradas y se acometa la limpieza de los terrenos actuales.

Así lo recoge en un manifiesto, que espera que firmen todos los candidatos a la Alcaldía a quienes se lo presente, "a excepción del PP por distintas razones", una de ellas porque "uno de los abogados del propietario del recinto fue concejal del PP", ha señalado el afectado, Francisco Adame.

Según apunta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, "el propósito principal es la retirada" de la vaquería ilegal anexa a su vivienda "en el menor plazo posible", y con ello espera que su familia pueda tener "una vida digna como cualquier ciudadano".

En este sentido, considera que "de una vez por todas, el pueblo podrá respirar aire puro y no de excrementos de vaca", a lo que añade que la imagen del municipio en su entrada sur "será la que se merece en pleno siglo XXI y no la de un corral de ganado".

Además, recuerda el fallo judicial firme del Alto Tribunal andaluz de 2009, que declara "ilegal" la vaquería e insta al Ayuntamiento colono a "su cierre definitivo". Sin embargo, lamenta que las distintas corporaciones que han tenido "el problema" sobre la mesa "no han sabido resolver".

Así, apunta que "aunque se hayan dado pasos, no han dado resultados en pro de ello", puesto que "se han dado procedimientos sancionadores, los cuales están por acometer medidas ejecutivas y no dejarlos en suspenso, como ahora está ocurriendo".

PETICIÓN AL ALCALDE

Por otra parte, Francisco Adame ha registrado esta semana en el Consistorio un escrito en el que ante el desconocimiento de "cómo ha sido el expediente en su integridad del procedimiento de cierre llevado por el Ayuntamiento", solicita al alcalde, Juan Antonio Fernández, que "debería dar conocimiento" de ello en el próximo pleno ordinario tanto para él, como para "todos los vecinos afectados por dicha actividad ilegal, así también para todos los grupos que lo componen y posibles partidos políticos futuros".

Al respecto, le pide "una exposición concisa y detallada de procedimientos llevados a cabo, también los que están por acometer y los paralizados y obviados por ese Ayuntamiento", al tiempo que reclama que "este expediente esté abierto" para su conocimiento y resto de vecinos y grupos o partidos que se presenten a los próximos comicios municipales.

PROTESTAS DESDE 1992

Mientras, el propietario de la vaquería declarada ilegal presentó el año pasado el proyecto para la construcción de una nueva instalación, después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) pidió que se subsanaran una serie de "deficiencias" respecto a la documentación presentada.

Según apuntó en su momento el vecino afectado, quien mantiene su "lucha" desde el año 1992, cuando el propietario de la explotación tenga el correspondiente permiso de construcción tendrá un plazo de unos tres meses para ejecutar la obra.

En su protesta por el incumplimiento del vaquero y la administración de la sentencia del TSJA de 2009, Adame se ha manifestado ante las puertas de la Fiscalía cordobesa y se ha encerrado en el Consistorio de Fuente Palmera en varias ocasiones, además de realizar otros actos.

Desde el verano de 1992, relata que tiene que soportar junto a su familia "los daños y perjuicios que suponen tener una explotación ganadera ilegal" junto a su vivienda, situación que "ha sido tolerada por el Ayuntamiento", convirtiéndose de ese modo, a su juicio, en "corresponsable".
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