UPTA-CLM pide a Junta que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos con una actualización de los precios de alquiler
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla La Mancha (UPTA CLM) reclamará a la Junta y a los Grupos Parlamentarios que se modifique la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para establecer un régimen transitorio consistente en una nueva moratoria de diez años, asumiendo un incremento razonable y una actualización adecuada de los precios del alquiler durante este nuevo periodo.
22/9/2014 - 18:14
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla La Mancha (UPTA CLM) reclamará a la Junta y a los Grupos Parlamentarios que se modifique la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para establecer un régimen transitorio consistente en una nueva moratoria de diez años, asumiendo un incremento razonable y una actualización adecuada de los precios del alquiler durante este nuevo periodo.
UPTA-CLM, que se ha unido a la Plataforma de afectados con alquileres de renta antigua, denominada 'No al Cerrojazo', ha tomado esta iniciativa ya que el próximo día 1 de enero termina la moratoria para la finalización de la vigencia de los arrendamientos de renta antigua de locales comerciales, según ha informado en nota de prensa la Organización.
A su juicio, en la región pueden verse afectados "siete mil" locales que deberán renegociar las condiciones de alquiler, viéndose "abocados" a asumir un importante incremento del precio de los mismos; mientras que en España serán "más de 200.000 negocios familiares, en su gran mayoría de trabajadores autónomos".
El secretario general de UPTA CLM, Carlos Bonilla, ha indicado que el fin de la propuesta es "no perjudicar gravemente no sólo los intereses sociales y económicos de un buen número de comerciantes castellano-manchegos, sino también evitar la consiguiente degradación urbanística de los ejes comerciales y la pérdida de atractivo turístico de algunas ciudades".
La anterior moratoria, ha señalado, se aprobó debido a los problemas económicos que entonces sufría el país tras la crisis de 1993. Situación que para Bonilla es "sin duda mucho más grave hoy, en particular para los sectores más afectados por la medida, como son el comercio al por menor, talleres de reparación, hostelería o pequeños alojamientos hoteleros".
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