Una esperanza para los afectados por el amianto
El Congreso ha acordado tramitar una proposición de ley para la creación de un fondo de compensación para los perjudicados por este material. Desde la asociación, las familias muestran satisfacción ante este paso adelante
"La idea es que esta iniciativa reconozca sus derechos con antelación"
13/10/2017 - 08:35
Una parte del calvario de las familias afectadas por el amianto podría llegar a su fin. No recuperarán a los seres queridos, aquellos que los perdieron, pero el ‘vía crucis' judicial en el que se ven envueltos para reclamar las indemnizaciones hoy tienen una puerta abierta después de que el Congreso haya acordado esta semana tramitar una proposición de ley para indemnizar a las víctimas de esta sustancia. El objetivo de la resolución es la de establecer la creación de un fondo de compensación para los perjudicados por este material considerado peligroso, "que ha causado numerosas muertes y enfermedades a quienes han estado expuestas al mismo", según explicaron en la Cámara Baja. Todavía queda un largo proceso por delante para que sea definitiva. Ahora la mesa derivará este punto a la Comisión del Congreso, se abrirá el periodo de presentación de enmiendas, se votará y se aprobará si procede, y se tendrá que realizar una dotación económica.
PROGRAMACIÓN
En Getafe hay 12 casos con 14 personas afectadas por este material y cuyos procedimientos contra la empresa Uralita se encuentran en distintas fases, "inicial, recurrido o esperando la confirmación", explica a GENTE Juan Carlos Paúl, el presidente de la asociación de víctimas del amianto AVIDA a las que se unieron las familias.
No obstante, asegura que el anuncio les ha llenado de ilusión. "Porque lo que va a permitir además es que también tengan acceso a ese fondo, ya sea trabajador o un enfermo familiar o ambiental. También con esto evitamos que haya gente, cuyas empresas han desaparecido, que se queden sin derecho a reclamar", indica, añadiendo que se acelerará el tiempo de cobro de la indemnización "lo que mermará los costes a la administración y a los demandantes". Paúl detalla que la idea es que no sea necesario iniciar los procesos judiciales al verse reconocidos sus derechos con antelación.
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