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EDUCACIÓN

La Fiscalía pide más pruebas por el supuesto maltrato a un menor autista

Solicita ampliar el plazo de instrucción once meses más para ver si al pequeño le han quedado secuelas. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, insiste en que empleadas del centro Santiago Ramón y Cajal "merecen presunción de inocencia"

Archivado en: GETAFE, COLEGIO,

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01/6/2018 - 08:02

El caso de los supuestos malos tratos a un niño autista por parte de varios profesionales del colegio público de educación especial Santiago Ramón y Cajal se retrasará once meses más. La Fiscalía ha pedido más pruebas y que se amplíe el plazo para la finalización de la instrucción, que está a punto de expirar. Se ha solicitado al Servicio de Inspección Técnica Educativa que elabore un informe acerca de si el programa que seguía el alumno "se ajustaba" a las directrices educativas para aquellos diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista y "como se aplicaba", tomando como base el informe oficial del Departamento de Orientación, su historial médico y también su agenda escolar.
Además, según han dicho desde la institución, requerirán que un especialista de la Unidad AMI-TEA, distinto de los que han tratado al menor anteriormente, determine si el comportamiento educativo desarrollado por los docentes del centro ha perjudicado el desarrollo evolutivo y emocional del menor y, de ser así, en qué medida. La Fiscalía también quiere que se diagnostique si actualmente sufre alguna secuela.
Conclusiones
Por otro lado, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no sancionará con expediente disciplinario a los profesores y auxiliares del centro educativo. Así se deduce de las conclusiones de la investigación reservada abierta llevada a cabo por la inspección educativa, tras el análisis de las 20 horas de grabaciones aportadas por los padres del menor.
Inspección Educativa concluyó que no se había producido trato "degradante" ni "acoso", como denunciaron los padres. Ante las nuevas noticias, el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ha dicho que las trabajadoras merecen "al menos" la presunción de inocencia y contar con la "máxima colaboración y apoyo" por parte del Gobierno regional.

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