El gerente de la UTE que amplió El Musel (Gijón) advirtió de los sobrecostes a la Autoridad Portuaria desde 2005
El exdirector del puerto pedirá el archivo de la causa abierta contra él en la Audiencia Nacional
07/7/2015 - 16:00
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que llevó a cabo la ampliación del puerto de El Musel, Juan Miguel Pérez, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González que advirtió de manera "continuada" de los sobrecostes en la extracción de piedra a la Autoridad Portuaria desde 2005, según ha explicado la concejal de Podemos en Gijón Nuria Rodríguez.
Juan Miguel Pérez, que ha declarado en la causa en la que se investigan los supuestos sobrecostes que se habrían producido en la compra de materiales de las obras y que podrían motivar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos, fue imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras el interrogatorio de ocho responsables de las constructoras que desarrollaron los trabajos y le identificaron como responsable de la UTE.
La representante de Podemos, que forma parte del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) que ejerce la acusación popular en la causa, ha señalado ante los medios de comunicación que el directivo ha explicado que advirtió de la ampliación del coste de proyecto a responsables de la Autoridad Portuaria de forma "constante".
"Entendemos que el Consejo de Administración aprobó unos sobrecostes de más de 200 millones de euros, que afectaron a la ciudadanía y al desarrollo económico de la ciudad y no adoptó medidas para saber si esos costes eran viables y por qué se produjeron", ha afirmado Rodríguez.
Por su parte, el abogado del exdirector del puerto de El Musel (Gijón) José Luis Díaz Rato, Viliulfo Díaz, ha puesto de relieve que el directivo de la UTE Dique Torres ha confirmado las reuniones a las que hizo alusión su cliente, cuando afirmó que la decisión de pagar a un mayo precio del inicialmente establecido la compra de materiales para el puerto se adoptó en dos reuniones que se celebraron en Madrid a principios de 2006 en presencia de los dos responsables de Fomento.
Díaz Rato, en su comparecencia ante el juez del pasado 25 de junio, atribuyó estos sobrecostes al entonces secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento Fernando Palao y al que era presidente de Puertos del Estado Mariano Navas.
Según el letrado, Juan Miguel Pérez ha remarcado que "la piedra no salió gratis" ya que el sobrecoste se debió a múltiples gastos "directos e indirectos" relacionados el déficit de pétreos en las canteras, su traslado y los temporales que hicieron necesario reforzar el dique. Además, ha afirmado que el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que reveló las irregularidades presentaba varios "errores".
El abogado de Díaz Rato ha explicado que su representado solicitará el archivo de las actuaciones ya que no tuvo poder de decisión en la obra puesto que se ocupaba de la cuestión técnica. El juez Juan Pablo González tiene pendiente de escuchar a los testigos, el contable de la UTE Isidro Alonso y David López Navarrete, quien sustituyó a Juan Miguel Pérez en Dique Torres.
SEIS DELITOS
El juez Javier Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado 8 de agosto una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.
Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación. La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.
La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. A estas compañías el juez reclamó los registros contables y la documentación referente a este contrato, así como los documentos que justifiquen su relación con Hidrocantábrico respecto de la cantera de Aboño y los correspondientes a las operaciones con Tudela Veguín en relación con las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.
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