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Gente en Gijón

Diversos colectivos alegan contra el Eigpla y el ISA al no limitarse solo a los puertos, sino también al lecho marino

Temen que se dé lugar a actividades de mucho impacto ambiental

21/8/2015 - 19:33

Temen que se dé lugar a actividades de mucho impacto ambiental

GIJÓN, 21 (EUROPA PRESS)

Diferentes colectivos de la región han presentado este viernes alegaciones a la aprobación inicial del Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral del Principado de Asturias (Eigpla) y del ISA (Informe de Sostenibilidad Ambiental), al entender que no se limitan a los puertos, sino que el ámbito de actuación se extiende al lecho marino y la lámina de agua.

El temor de estos colectivos es que se posibilite con ello actividades "de mucho impacto ambiental", han señalado a Europa Press. Es por ello, que piden que no se siga con la tramitación de este Documento y se anule la tramitación ambiental también en curso, una vez se corrobore la inexistencia del Documento de Avance y las omisiones y defectos competenciales a los que aluden. Unido a ello, se pide, instar la catalogación de determinados elementos portuarios existentes en el puerto de Viavélez por ser merecedores de una protección análoga a la de otros conjuntos históricos.

Las alegaciones han sido presentadas, a nivel individual, por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, de Gijón; la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL); la Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) y también la Asociación de Vecinos de Santo Ángel de Viavélez. Esta última las presentó como complemento a las ya presentadas respecto al puerto de Viavélez.

Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, se incide en que no se ha podido consultar el Documento de Avance del Plan Territorial, pese a dice haberse sometido a información pública en el año 2007 (15 de julio 2007), tal y como consta en el Documento de Referencia.

Este último documento alude a un apartado sexto donde se refleja el resultado de las sugerencias y consultas formuladas a la exposición pública del Documento de Avance y que, sin embargo, han constatado que no existen, al menos en la Resolución publicada. Consideran entonces que la omisión al trámite de información pública del Documento de Avance, de ser así, podría comprometer la validez de toda la tramitación posterior, incluida la validez del trámite de aprobación inicial del Plan Territorial Especial y del ISA.

EXCESO DE COMPETENCIAS

En segundo lugar, se alude al "exceso" de competencias asumidas por el Egipla, incluso invadiendo, según ellos, algunas estatales y no ajustándose al procedimiento legalmente previsto. Según ellos, al Principado se transfirió, dentro de su ámbito territorial, la titularidad de todos los puertos e instalaciones portuarias de refugio, deportivos y en general los que no desarrollen actividades comerciales, existentes en el territorio.

También se incluye entre sus competencias aprobar la realización de obras que dentro del puerto impliquen ganar terreno al mar, adquiriendo dichos terrenos el carácter de dominio público y quedando afectados a la zona de servicio de competencias.

Asimismo, es obligación del Principado de Asturias informar, a través del Ministerio, con carácter preceptivo y vinculante, los proyectos que afecten a bienes de dominio público estatal, relativos a la construcción de nuevos puertos o instalaciones portuarias o ampliación de su configuración exterior cuando estos se realicen fuera de la línea de ocupación del dominio público señalado.

Además, estos proyectos deberán contener, en su caso, los estudios específicos que sean necesarios para determinar los efectos de las obras sobre la costa, la plataforma costera y la dinámica litoral, así como, en su caso, las medidas correctoras de esos fenómenos. Si el Ministerio no emite informe en un plazo mínimo de seis meses, se entenderá que es favorable.

La aprobación de estos proyectos implicará la adscripción a la Comunidad Autónoma de la nueva zona de servicios resultante o, en su caso, de la pertinente concesión administrativa de ocupación de dominio público. No obstante, según los alegantes, no consta en la tramitación del documento la evacuación de consulta preceptiva al Ministerio.

Tan sólo figura el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del pasado 29 de abril, que hace constar que las obras de conservación que se plantean en el dominio público marítimo terrestre deberán contar con el correspondiente título habilitante, al adiscribirse nuevo dominio público.

DEFENSA DE VIAVÉLEZ

A este respecto, alegan que la reserva de actuaciones que contempla e Eigpla va "más allá" del dominio público marítimo-terrestre y se introduce en el dominio público marino. "La reserva de superficie de agua adscrita invade competencias de carácter exclusivo del Estado sobre el mar territorial", dicen.

A esto añaden que se omite que en el resto de las superficies de tierra adscrita deberá procederse por el sistema descrito en el artículo 5 de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante y 49.1 de la Ley de costas. Consideran, pues, que el Documento excede en su regulación de los límites competenciales en materia de ordenación territorial, del litoral y portuaria. .

En tercer lugar, argumentan que los documentos citados a la Estrategia Marea "no tienen virtualidad alguna ya que, además de tratarse de un documento "desfasado", nunca ha sido aprobado.

"Tampoco está aprobado el Proyecto de la Ley de Puertos, por lo que carece "absolutamente de carácter normativo", añaden. En definitiva, creen que no existe en la comunidad autónoma asturiana un órgano que posibilite la participación en los temas costero-marino e inciden en que la labor de colaboración con la protección del Medio Ambiente que realiza este Plan Territorial es "escasa y en algunos casos, nula".

En el caso concreto del Puerto de Viavélez, opinan que, de aprobarse el documento, implicaría "la destrucción de un elemento cultural de primer orden, representativo de la actividad marítima tradicional asturiana". Para los alegantes, la justificación que realiza el documento para la creacción de nuevos pantalanes allí es "cuando menos insuficiente e imprecisa".

Los alegantes también echan en falta un Programa de Medidas para la región noratlántica del Gobierno central en cumplimiento de la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino a la que alude el Documento consultado. Tampoco creen que se hayan evaluado ambientalmente los efectos de las obras propuestas para las zonas incluidas en la Red Natura 2000 y que pasan a formar parte de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España.

Por otro lado, no están conformes con la no aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Asimismo, consultado el ISA no hace referencia a los impactos sobre el medio marino que pudieran acarrear las obras propuestas. Es más, advierten de la posibilidad de dar cabida a la industria off-shore.

Además, han alertado sobre que el Informe de Sostenibilidad Ambiental no hace una evaluación "rigurosa y cierta" de los efectos que las recomendaciones pudieran tener para el Medio Ambiente y las personas, como tampoco de las obras previstas de conservación y ampliación. Es por ello, que abogan por que se adopte la alternativa '0'.

Otra de las alegaciones alude a la "insuficiencia del Estudio Económico Financiero", como es, por ejemplo, que la Memoria Económica se limita a ofrecer un listado de cálculo aproximado de las obras en general y a manifestar que la fuente de la financiación será la subvención, sin más detalles.

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