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Consumidores piden garantizar los derechos de los usuarios cuando acabe el Estado de Alarma

Ponen el foco en la moratoria hipotecaria, los derechos en transporte y el alojamiento o la prevención de los ciberdelitos, entre otros aspectos

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25/3/2020 - 18:16


Ponen el foco en la moratoria hipotecaria, los derechos en transporte y el alojamiento o la prevención de los ciberdelitos, entre otros aspectos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones de consumidores y usuarios han recordado que las consecuencias del coronavirus en los ingresos y condiciones de vida de muchos ciudadanos van a extenderse en el tiempo como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia, por lo que han hecho un llamamiento a la necesidad de mantener las ayudas a la ciudadanía más allá del periodo de alarma sanitaria.

Así se han pronunciado los representantes de las organizaciones que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) en el marco de las reuniones que vienen manteniendo, junto a su presidente Carlos Ballugera, con la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, desde el inicio de esta crisis.

En un comunicado, las organizaciones se han pronunciado sobre las medidas que vienen adoptándose desde el Ministerio de Consumo, proponiendo actuaciones concretas en ámbitos como moratorias hipotecarias, alquileres, viajes y alojamientos, consumidores vulnerables y ciberseguridad.

En concreto, respecto a las moratorias hipotecarias, las organizaciones de consumidores consideran que, en sus actuales condiciones, la moratoria propuesta resulta insuficiente, y coinciden en reclamar la fijación de un plazo mínimo de seis meses al que los bancos deben comprometerse, más allá de las ampliaciones que luego puedan negociar con sus clientes: piden, además, que se simplifiquen los trámites y la documentación exigida necesarios para agilizar el acceso a la moratoria de las familias con problemas.

A su juicio, es importante igualmente atender a la modalidad de devolución de esos aplazamientos, con pagos fraccionados que no pongan en riesgo la capacidad adquisitiva de los usuarios.

En cuanto a los alquileres, piden dar solución a los problemas que pueden derivarse del pago de alquileres y evitar los desahucios. Además, ante la variedad de situaciones en las que se encuentran los arrendadores (desde el jubilado que completa su pensión alquilando una vivienda a las Administraciones y empresas del sector o los fondos buitre), se pronuncian a favor de acciones combinadas de aplazamiento de los pagos, aumentando y definiendo el plazo de la moratoria, así como de ayudas directas al arrendatario destinadas al alquiler, según los casos.

En viajes y alojamiento, un sector que está generando buena parte de las consultas y reclamaciones de los consumidores, abogan por adoptar medidas que tengan en cuenta la variedad de empresas que desarrollan su actividad en el sector, especialmente en el caso de los viajes combinados.

Por ello, instan a la devolución de las cantidades comprometidas, pero también por la alternativa de los bonos para futuros viajes o devoluciones posteriores, como forma de crédito para las pequeñas agencias, siempre que se haga en un marco de suficiente seguridad jurídica y se garanticen por parte de la patronal del sector los derechos adquiridos por los usuarios en caso de quiebra de compañías.

Por otro lado, ante la falta de una definición comprensiva del concepto de consumidor vulnerable, los representantes de los consumidores y usuarios consideran fundamental una ampliación de ese concepto, teniendo en cuenta no sólo la situación socioeconómica general de las personas, sino también la vulnerabilidad sobrevenida y futura que va a traer como consecuencia esta crisis y la pérdida de empleos y de los ERTE.

Asimismo, piden atender a la seguridad de las comunicaciones electrónicas, evitando tanto las ofertas fraudulentas en la red (por ejemplo, de pseudo remedios para el coronavirus, de materiales falsificados o a precios abusivos), como las prácticas de fishing o pishing asociadas a supuestos mensajes de las entidades bancarias, que buscan capturar los datos de los usuarios, hacerse con sus números de cuenta y tarjeta o, simplemente instalar virus en sus ordenadores.

Las organizaciones del CCU han manifestado también su preocupación por otros aspectos como la aplicación del derecho de desistimiento en estos momentos de dificultades para la movilidad; o la adopción de medidas de flexibilización, protección y garantías para los consumidores en relación al endeudamiento generado por los créditos al consumo y tarjetas como las revolving.

También han puesto el foco en la necesidad de mantener y potenciar los sistemas arbitrales y de resolución extrajudicial de conflictos, pensando en la avalancha de reclamaciones que va a producirse al superarse el Estado de Alarma; el control de precios y la garantía de suministros básicos para toda la ciudadanía; la falta de atención al cliente o la utilización para esa atención de números no gratuitos por parte de algunas empresas (901), o la propuesta de medidas específicas de ayuda para los consumidores y usuarios de la España vaciada.
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