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Consejo.- La Junta destina casi 16 millones para 235 plazas residenciales destinadas a menores tutelados

El Gobierno andaluz ha aprobado destinar más de 15 millones de euros (15.921.984,10 euros) para contratar un total de 235 plazas residenciales en Granada para menores que se encuentren bajo la protección de la Junta de Andalucía.

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03/12/2019 - 14:52


SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno andaluz ha aprobado destinar más de 15 millones de euros (15.921.984,10 euros) para contratar un total de 235 plazas residenciales en Granada para menores que se encuentren bajo la protección de la Junta de Andalucía.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, estas plazas comprenden diferentes tipos de programas o modalidades a desarrollar en los centros residenciales en los que se acojan los menores, como acogimiento residencial básico, adaptado para discapacidad e intervención en problemas de conducta.

Mediante este acuerdo, la Junta "continúa con la actualización, adaptación y homogeneización de los actuales documentos jurídicos suscritos para la prestación de acogimiento residencial a menores, para pasar a la modalidad de contrato administrativo especial, mediante la figura del concierto social".

Este nuevo contrato propone que las plazas se distribuyan en nueve zonas de la provincia de Granada, divididas en 17 lotes.

Con respecto al programa de atención residencial básica, se distribuyen 107 plazas para Granada capital, 14 para Motril, doce para Otura, ocho para Cúllar Vega, 24 plazas para Loja, 24 paraMotril, ocho para Guadix, ocho para la zona de Guadix-Baza y 14 para Jun.

Respecto al programa de menores con discapacidad, ocho plazas estarán a Granada capital mientras que en lo relativo a intervención en problemas de conducta, ocho plazas se distribuirán en la provincia de Granada. El plazo de ejecución es de dos años, prorrogable hasta un máximo de 24 meses.

Con esta nueva modalidad de gestión de centros a través del concierto social, "se configura el instrumento por medio del cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, cuya financiación, acceso y control sean públicos y en el que se le dará prioridad a las entidades de iniciativa social que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley de Servicios Sociales".

Según la nota de prensa remitida por la Junta, a través del concierto social al incluir obligatoriamente las cláusulas sociales, la Administración andaluza "impulsa las oportunidades en el empleo, el trabajo digno, el cumplimiento de los derechos sociales y laborales establecidos en la normativa y en los convenios colectivos, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y de género, la accesibilidad universal para todas las personas, la responsabilidad social de las entidades concertantes y el respeto al medio ambiente".

El concierto social va a servir, según la Junta, para dotar de mayor calidad, estabilidad y continuidad al conjunto de servicios sociales que se prestan por parte de las entidades, reconociendo el papel esencial de las entidades de la iniciativa social en la prestación de los servicios sociales, de acuerdo con el carácter prioritario que le otorga la Ley.

La red de centros de protección de Andalucía presta el servicio de acogimiento residencial de menores que se encuentran bajo atención inmediata, guarda o tutela de la Junta de Andalucía y responde a un modelo de atención en el que prevalece el interés superior de la persona menor, que presidirá todas las actuaciones y decisiones que se adopten en relación a su vida y convivencia en el centro.

Los centros de protección garantizan la calidad técnica y la calidez de la atención y actuación profesional y disponen de una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de convivencia de la familia, donde se garantice el cumplimiento de sus derechos, la satisfacción de las necesidades infantiles y su pleno desarrollo personal.

Asimismo, ofrecen una respuesta adaptada a los cambios sociales que determinan una diversidad de procedencias culturales de los menores acogidos y un importante porcentaje de jóvenes próximos a la mayoría de edad, que requieren el establecimiento de acciones destinadas a su incorporación a la vida independiente y su inserción social y familiar.

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