Tribunales.- El Puerto dice que "dos fiscales" piden el "sobreseimiento" de las denuncias contra la presidenta
En un comunicado, la Autoridad Portuaria de Huelva ha precisado que CCOO presentó una denuncia contra la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva y el anterior director de la misma, en junio del año 2014, y ésta fue dividida por el juez en dos partes.
24/11/2015 - 21:37
La Autoridad Portuaria de Huelva (APH) ha asegurado que "dos fiscales" piden el "sobreseimiento" de las denuncias presentadas contra la presidenta del Puerto, Manuela Paz, que ha sido citada a declarar el próximo 15 de diciembre como imputada, tras la denuncia presentada por CCOO por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, según ha podido confirmar Europa Press.
En un comunicado, la Autoridad Portuaria de Huelva ha precisado que CCOO presentó una denuncia contra la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva y el anterior director de la misma, en junio del año 2014, y ésta fue dividida por el juez en dos partes.
La primera relacionada con un tema medioambiental, sobre el que la presidenta y el anterior director ya declararon en calidad de imputados en junio de 2015. "Se está a la espera de que esta parte de la denuncia se archive dado que la Fiscalía ha emitido sus conclusiones finales asegurando de forma rotunda que no existe delito alguno", ha asegurado el Puerto.
Ahora el Juzgado citará a declarar en calidad de imputados a la presidenta y el anterior director sobre aspectos incluidos en la segunda parte de la denuncia. "El Fiscal también se ha pronunciado sobre estos temas emitiendo un informe donde manifiesta no apreciar delito", según afirma la Autoridad Portuaria.
Por todo ello, desde el Puerto se confía en que "en breve" el Juzgado se pronuncie y "archive ambas partes de la denuncia". "En definitiva, se trata de un tema laboral, un conflicto de CCOO con el Puerto de Huelva", ha apuntado.
La APH reclama para la actual presidenta y el anterior director que se les reconozca el derecho constitucional de presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos, y que siempre han defendido las organizaciones sindicales durante los 40 años de democracia en España.
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