Estado y Baleares abren negociaciones por discrepancias de constitucionalidad en varias leyes, entre ellas la de Turismo
Alcanzan un acuerdo sobre señalizaciones en castellano en la Ley de Tráfico
22/9/2022 - 16:53
Alcanzan un acuerdo sobre señalizaciones en castellano en la Ley de Tráfico
PALMA, 22 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de España y el Govern balear han abierto negociaciones para resolver discrepancias sobre la constitucionalidad de algunos preceptos de diversas leyes promulgadas por la Comunidad, entre ellas la de Turismo.
En concreto, se ha acordado constituir comisiones bilaterales para tratar discrepancias respecto a la Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Baleares; el Decreto-ley 6/2022 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público; y el Decreto-ley 5/2022 que regula el servicio de taxi en Ibiza.
Este tipo de negociaciones son habituales y sirven para resolver las discrepancias alcanzando acuerdos interpretativos, y de este modo se trata de evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los acuerdos anunciando el inicio de las negociaciones se han publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
LEY DE TURISMO
En el caso de la Ley de Turismo, el texto publicado solamente especifica que las discrepancias surgen en el artículo 2, que introduce numerosas modificaciones a la ley de turismo del PP de 2012.
En este sentido, cabe señalar que el Estado no cuestiona la suspensión de la adquisición de plazas turísticas en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, incluida en la disposición adicional primera de la ley, o la suspensión de actividades turísticas en la isla de Menorca, incluida en la disposición adicional segunda.
TARIFA CERO DE TAXI A 110 KM/H EN IBIZA
Respecto a la regulación del taxi en Ibiza, según han indicado fuentes de la Conselleria de Movilidad y Vivienda, las discrepancias giran en torno a la tarifa cero de los taxis al superar los 110 km/hora --el taxímetro deja de sumar cuando se supera ese límite--. El Estado entiende que, tal y como está redactado en el Decreto, va en contra de la normativa de metrología del taxímetro.
Desde la Conselleria han indicado que están en contacto con el Consell de Ibiza, de quien partía la norma, para estudiar cómo adaptar el texto a las propuestas del Gobierno.
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO
En cuanto a las medidas para reducir la temporalidad en el empleo público, los artículos en cuestión permiten exceptuar de alguna titulación, de manera muy excepcional y solo para puestos de naturaleza laboral, así como el requisito de acreditación de la lengua catalana; regulan las circunstancias que permiten nombrar personal funcionario interino y las posibles causas de cese; y modifican algunos puntos en materia de contratación pública del decreto para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania.
Sobre esto último, fuentes de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad han apuntado que las negociaciones deben servir para explicar la regulación que se ha hecho en Baleares sobre estos puntos. Las fuentes consultadas se han mostrado convencidas de que las discrepancias sobre este texto se resolverán sin dificultad y han recordado que hasta la fecha no se ha producido ningún recurso de inconstitucionalidad en las diferentes negociaciones que se han ido abriendo por normativa aprobada en la Comunidad.
PANELES DE SEÑALIZACIÓN EN CASTELLANO
Por otra parte, este jueves el Boletín Oficial también publicaba el resultado de otra comisión bilateral por discrepancias en una ley, en este caso el decreto que modifica la Ley estatal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Gobierno y Comunidad Autónoma han alcanzado un acuerdo interpretativo sobre el punto que regula las señalizaciones en vías públicas. El artículo en cuestión determina que "las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la Comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad".
El acuerdo publicado en el BOE estipula que se interpretará el texto en el sentido de que las autoridades competentes rotularán en idioma castellano y en las lenguas cooficiales "sin perjuicio de sus competencias, siempre que la seguridad vial resulte afectada".
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