Tribunales.- La Audiencia juzga este viernes a una mujer acusada de vender una casa que no era suya
La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén juzga este viernes a una mujer acusada de vender una vivienda en el municipio de Rus (Jaén) cuando sabía que la propiedad no era suya. No fue hasta un año después de haber firmado la compra-venta cuando la nueva propietaria se dio cuenta de que la que pensaba que era su casa era propiedad, y así lo había sido siempre, de la Empresa Pública de Suelo. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama a la acusada tres años y medio de prisión por un delito de estafa.
02/7/2015 - 13:20
La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén juzga este viernes a una mujer acusada de vender una vivienda en el municipio de Rus (Jaén) cuando sabía que la propiedad no era suya. No fue hasta un año después de haber firmado la compra-venta cuando la nueva propietaria se dio cuenta de que la que pensaba que era su casa era propiedad, y así lo había sido siempre, de la Empresa Pública de Suelo. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama a la acusada tres años y medio de prisión por un delito de estafa.
Los hechos, según recoge la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, ocurrieron el 22 de mayo de 2004 cuando Francisca M. G. firmó un contrato de venta privado con otra mujer, mediante el cual la acusada le vendía una vivienda situada en la calle Avenida de Andalucía de Rus. El precio de la compra-venta se estipuló en la cantidad de 46.880,63 euros, entregando la víctima el momento de la firma del contrato la cantidad de 40.870,30 euros.
De esta forma, la nueva compradora comenzó a residir en la vivienda desde la misma firma del contrato, siendo ésta su residencia habitual. Fue en 2005 cuando descubrió que la vivienda no era propiedad de la acusada, sino de la Empresa Pública del Suelo. La acusada era adjudicataria de la vivienda en el momento de la firma del contrato pero de ninguna manera podía transmitir el uso de la misma.
Para el fiscal, la acusada actuó "con ánimo de lucrarse" y creó "una apariencia falsa" ante la víctima con la que se comprometió a transmitir oficialmente la propiedad en diciembre de 2009 mediante la firma de escritura publica.
El fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de estafa y solicita imponer a la acusada la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 30.000 euros. Además, el Ministerio Público reclama el pago de una indemnización a víctima en la cantidad de 40.870,30 euros por daños y perjuicios.
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