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Canarias autoriza a las universidades públicas a utilizar sus remanentes para hacer frente a aumento de gastos

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha propuesto y se ha aprobado este jueves, en Consejo de Gobierno, un decreto-ley con diversas medidas de carácter tributario y financiero, entre las que está la autorización a las universidades públicas del archipiélago para que puedan utilizar sus remanentes de tesorería y hacer frente el incremento de los gastos provocado la inflación.

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23/6/2022 - 16:14


LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha propuesto y se ha aprobado este jueves, en Consejo de Gobierno, un decreto-ley con diversas medidas de carácter tributario y financiero, entre las que está la autorización a las universidades públicas del archipiélago para que puedan utilizar sus remanentes de tesorería y hacer frente el incremento de los gastos provocado la inflación.

De este modo, el decreto-ley recoge que estos centros académicos superiores podrán financiar en 2022 el incremento de gasto en energía eléctrica, así como de los servicios y suministros "cuando aumente el coste por la subida de precios", según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

Así, ha señalado el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario, Román Rodríguez, se atiende la petición realizada por los equipos rectorales de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria tras comprometerse a estudiar una solución económica extraordinaria para cubrir necesidades perentorias por desajustes de su estructura presupuestaria.

Añade que la "urgencia y necesidad" de la medida deriva del incremento de los gastos debido a la guerra en Ucrania y los "cuellos de botella" en las cadenas de suministros tras la crisis sanitaria originada por el Covid.

Asimismo la norma aprobada también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 el tipo 0 del IGIC a la importación o entrega de determinados bienes para combatir los efectos del Covid-19, una medida que estaba autorizada hasta este próximo 30 de junio.
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