129 familias podrían verse en la calle a finales de junio
Un total de 129 familias de Leganés podrían quedarse en la calle si se llegan a cumplir las condiciones que Testa Residencial Socimi, empresa propietaria del edificio de protección oficial que ocupan en el número 14 de la avenida María Moliner, en el barrio de Zarzaquemada.
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Se trata de un edificio de protección oficial en la avenida María Moliner
Marcos Baile
05/5/2017 - 11:23
La empresa ha enviado a las familias un burofax en el que expresan que "de acuerdo a lo pactado en el contrato" deben abandonar la vivienda antes del próximo 30 de junio y dejarla "en el mismo estado en que se hizo entrega, esto es, limpia y vacía de enseres y muebles". En el mismo, se afirma que "tras las comprobaciones pertinentes, se procederá a la liquidación de la fianza".
Los inquilinos del inmueble han explicado que ha sido la propia empresa "de forma unilateral" la que ha cambiado las condiciones de los contratos. Estos van desde la "finalización" de los mismos, hasta "la subida de los alquileres a sabiendas que los vecinos no cuentan con los suficientes ingresos económicos", han destacado.
En este caso, han denunciado que muchos de los residentes tendrán que afrontar subidas y pagar hasta 730 euros, frente a los 560 que abonaban hasta el momento. El presidente de la asociación de vecinos de Leganés Norte, Gustavo Guzmán, ha declarado que se trata de "gente con pocos recursos" la que ocupa el inmueble y que, por tanto, "están muy preocupados".
Los inquilinos acusan a la entidad propietaria de que al llegar la renovación, "o no te renuevan u ofrecen renovaciones con subidas que rondan desde los 150 hasta los 250 euros, con lo que mucha gente o no tiene dinero para pagar esta subida; o se pasan del máximo de renta pedido por la comunidad de Madrid, con lo cual no renuevan". Han destacado el caso de una jubilada que cobra 1.000 euros de pensión y a la que piden 730 euros mensuales.
Sin explicaciones
Los vecinos del número 14 de María Moliner han pedido explicaciones tras los cambios impuestos. Han reclamado conocer porque los pisos tienen condiciones diferentes "cuando todos viven en la misma urbanización". Además, reclaman reunirse con Testa Residencial, propietaria del edificio, para lograr un acuerdo "en temas económicos".
Sin embargo, precisan que han sido incapaces de ponerse en contacto con la empresa propietaria del edificio. En un comunicado, los inquilinos de las viviendas aseguran que se trata de 129 pisos de protección oficial, en régimen especial en los que conviven "familias con niños, discapacitados y personas mayores que no pueden hacer frente a un cambio en las condiciones".
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