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Daños colaterales del juicio del 'caso Carrasco'

El juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación y del Partido Popular de León cuando fue asesinada en mayo de 2014, está salpicando gravemente la imagen de la Diputación. Ya no se trata de poner en evidencia el modo tan personalista de gobernar como la que ejerció la propia Carrasco sino la forma de contratación de personal.

Martínez Carrión
22/1/2016 - 01:10

En su declaración en el juicio, una de las principales acusadas, Triana Martínez, hija de la autora confesa del crimen, Monserrat, ha explicado con pelos y señales cómo accedió a su trabajo provisional y "a dedo" en la Diputación y como participó en el amaño de unas oposiciones teledirigidas para ocupar una plaza de nueva creación, como era la de ingeniero en telecomunicaciones.
Según Triana, era habitual que los presidentes populares de la Diputación cediesen su propio despacho oficial para tramitar el alta de nuevos militantes del partido, con padrinos incluidos, entre ellos los altos cargos públicos de la Diputación. Más sorprende que Triana haya dicho que era normal que los candidatos oficiales a ocupar la plaza que salía a oposición participasen en la elección de los componentes del tribunal calificador, en la confección del temario correspondiente y que, incluso, tuviesen acceso a las preguntas que se formularían en el examen. ¿Para qué estudiar, entonces?
En los próximos días se esperan que declaren como testigos algunos de los dirigentes políticos de la Diputación entre los años 2006 y 2010 para que confirmen o desmientan estas graves acusaciones. Sin embargo, el daño a la imagen de la Diputación ya está hecho, porque llueve sobre mojado. No es la primera vez que saltan dudas sobre la transparencia y legalidad de diversas oposiciones. Ha habido denuncias y quejas numerosas. Incluso se han anulado procesos de selección de personal. Los partidos de la oposición han denunciado en más de una ocasión irregularidades, al igual que los sindicatos. Ahora, Triana echa más leña al fuego. Es cierto que lo hace para justificar la criminal acción de su madre y para justificar el acoso al que fue sometida por la entonces presidenta de la Diputación. Triana ha puesto en marcha el ventilador y la sospecha se ha generalizado. A ver quién lo apaga.
El actual presidente de la Diputación, el también popular Majo, tiene la obligación de devolver a la entidad el prestigio y la credibilidad perdidos y combatir las malas prácticas que en esa casa se han tenido como normales durante tantos años. Majo fue uno de los dirigentes más críticos contra Isabel Carrasco, uno de los pocos que no dudó en enfrentase a ella y si no lo hizo con más energía fue porque siempre le frenó la disciplina y lealtad que le debía al presidente del PP regional y de la Junta, Herrera, quien siempre frenó todas las acciones para crear desde dentro del partido un movimiento regenerador contra las formas personalistas y autoritarias de gobierno de Carrasco.
No fue posible en su día y de aquellos polvos vienen ahora estos barros judiciales, teñidos de escándalo. La sospecha sigue extendida sobre los malos hábitos de la Diputación. El sentido común que ahora practica el presidente Majo debe consolidarse. Va en ello la razón de ser de la Diputación de León.

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