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Aprobado por unanimidad la creación de un consorcio para reforzar la protección de legalidad urbanística

Los cuatro grupos parlamentarios han aprobado modificar la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR). De esta forma, se autoriza la constitución de un Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística de La Rioja (CPLUR), con la participación de la comunidad autónoma y los municipios interesados, para avanzar en las cuestiones relacionadas con la actividad preventiva en el ámbito urbanístico.

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14/3/2019 - 17:27


LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS) El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy por unanimidad la creación de un consorcio para que los municipios interesados puedan ceder las competencias en el ámbito de la protección de la legalidad urbanística, régimen sancionador e inspección urbanística.

Los cuatro grupos parlamentarios han aprobado modificar la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR). De esta forma, se autoriza la constitución de un Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística de La Rioja (CPLUR), con la participación de la comunidad autónoma y los municipios interesados, para avanzar en las cuestiones relacionadas con la actividad preventiva en el ámbito urbanístico.

La medida responde a la demanda de los ayuntamientos, en especial de los más pequeños, que carecen de los recursos técnicos y humanos suficientes para cumplir con sus obligaciones en el ámbito de la disciplina urbanística. Se trata de una línea más de colaboración para reforzar la actividad preventiva y garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, en especial, en cuestiones relacionadas con la protección, conservación y recuperación del medio natural.

La previsión inicial es que este nuevo órgano pueda constituirse este mismo año, coincidiendo con la entrada en vigor de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja (DSNUR), mediante la firma del convenio y los estatutos correspondientes para su creación.

En la actualidad, cerca de 80 municipios han confirmado su interés en adherirse a este nuevo órgano. Galicia, Baleares y Canarias son las comunidades autónomas que ya cuentan con entes públicos de estas características.
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