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Adicae La Rioja propone la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y más ayudas para el alquiler

El aumento imparable de los lanzamientos derivados del alquiler, que representan ya casi siete de cada diez, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hace imprescindible para la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) La Rioja, una regulación de las subidas de precios en las zonas urbanas.

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12/6/2019 - 09:44


LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

El aumento imparable de los lanzamientos derivados del alquiler, que representan ya casi siete de cada diez, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hace imprescindible para la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) La Rioja, una regulación de las subidas de precios en las zonas urbanas.

Adicae La Rioja considera imprescindible la modificación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), responsable de que en el primer trimestre del año se hayan producido 10.240 lanzamientos, de los cuales el 65,9 por ciento fue consecuencia de la LAU.

La asociación considera que se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación directa con el Salario Mínimo Interprofesional, con el nivel de renta por habitante y la tipología de la vivienda.

Resulta contrario a toda lógica que el precio del acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, no se abarate y que los consumidores que quieren acceder a una vivienda se encuentren en las mismas dificultades, o peores, que en tiempos del boom inmobiliario. Mientras esto no sucede, es importante la dotación de mayores ayudas para el alquiler, especialmente para los consumidores más desfavorecidos.

Para poder frenar esta burbuja del alquiler, Adicae La Rioja propone una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales en España y su revisión periódica de uso y condiciones. En este sentido, es imprescindible la creación de una bolsa con viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado como vivienda social en alquiler.

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, que representan todavía el 25 por ciento, las administraciones deben promocionar e implementar las posibilidades para acceder a mecanismos como la reestructuración de la deuda, posibles quitas y la dación en pago que mejoren los derechos de los consumidores en este ámbito.
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