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Parlamento acuerda el desarrollo en el primer trimestre de 2020 del reglamento de la Ley de víctimas del terrorismo

El Parlamento riojano ha aprobado por unanimidad el desarrollo en el primer trimestre de 2020 del reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo, tras el debate de una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No obstante, la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, ha exigido que sea el Gobierno riojano "el que marque los plazos" para su desarrollo.

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14/11/2019 - 14:03


LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

El Parlamento riojano ha aprobado por unanimidad el desarrollo en el primer trimestre de 2020 del reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo, tras el debate de una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No obstante, la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, ha exigido que sea el Gobierno riojano "el que marque los plazos" para su desarrollo.

La intervención de la titular también de Justicia ha tenido lugar al final del debate de la Proposición, defendida por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Bretón, y que ha sido enmendada por los grupos 'socialistas', de Ciudadanos y la sección de IU en el Mixto.

La propuesta pedía la aprobación del reglamento en un plazo máximo de tres meses, que finalmente, con la enmienda del PSOE, aceptada por el proponente, ha indicado que fuera en el primer trimestre de 2020 cuando se desarrollase. Contaba con un segundo punto para convertir las oficinas de asistencia a las víctimas de delito en punto de referencia para la atención a las víctimas del terrorismo en La Rioja.

Además, reflejaba un tercer punto para continuar con el proyecto de testimonios de las víctimas del terrorismo en los centros docentes. Éste punto, no ha sido apoyado por el Grupo Mixto-IU, porque pedían que fuera no solo por testimonio de víctimas sino por unidades didácticas.

Antes, durante el desarrollo de debate, Bretón ha realizado un repaso exhaustivo de los movimientos realizados desde la aprobación de la Ley de víctimas del terrorismo, el pasado 10 de abril de 2018. Ha destacado el "consenso" que hubo en la tramitación de cara a apoyar una norma que "reconozca" a quienes han sufrido la "barbarie terrorista", y ha reclamado celeridad a la hora de tramitar el reglamento de la Ley, que debía haberse realizado en doce meses desde la aprobación de dicha norma.

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha señalado que "es inadmisible" que 18 meses después no se haya aprobado el desarrollo del reglamento de la Ley, que hace que "siga sin reconocerse a las víctima", por lo que ha asegurado que la sociedad "está en deuda con las víctimas", que han sufrido "la lacra del terrorismo".

Por su parte, la diputada socialista, Sara Orradre, ha reclamado que "no se cierre tanto el plazo" para el desarrollo de dicho reglamento, sino que "se pueda realizar para que esté en el primer trimestre de 2020". Ha querido dejar claro, en alusión a las palabras de Rabasa, que a las víctimas del terrorismo "siempre se las ha apoyado" en la región.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto-IU, Henar Moreno, ha abogado por construir "un país en paz", al tiempo que ha mostrado su apoyo a las víctimas del terrorismo, si bien ha reclamado que también se tuvieran en cuenta a las víctimas del terrorismo de Estado.

Para concluir, la consejera de Servicios Sociales ha intervenido afeando al PP que reclame ahora al Gobierno que acelere para "cumplir los compromisos que ustedes incumplieron". Ha apuntado que la sociedad tiene "una deuda" con las víctimas del terrorismo, y que "desarrollaremos el reglamento pero marcaremos los tiempos, revisándolos y dialogando nuevamente con las asociaciones de víctimas".

Antes, en la sesión plenaria se han debatido tres interpelaciones, dos del PP sobre la política general del Gobierno en materia de desarrollo rural y reto demográfico, y otra sobre la política general del Gobierno en materia de control presupuestario. Por su parte, el Grupo Mixto quería conocer la política general del Gobierno en materia de Justicia e Interior.
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