Voluntario de la Parroquia de San Carlos Borromeo
Piden que la Defensora del Pueblo reclame otra vez al Ayuntamiento que suspensa los derribos en el Gallinero
Los voluntarios de la Parroquia de San Carlos Borromeo ha solicitado a la Defensora del Pueblo que requiera nuevamente al Ayuntamiento de Madrid que suspensa los procesos de demolición en El Gallinero o inste al Consistorio a comunicar con debida antelación a las familias y entidades sociales en la zona la fecha concreta de los procesos de ejecución de los desalojos.
25/4/2013 - 13:11
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Los voluntarios de la Parroquia de San Carlos Borromeo ha solicitado a la Defensora del Pueblo que requiera nuevamente al Ayuntamiento de Madrid que suspensa los procesos de demolición en El Gallinero o inste al Consistorio a comunicar con debida antelación a las familias y entidades sociales en la zona la fecha concreta de los procesos de ejecución de los desalojos.
Así lo indican los voluntarios en un escrito remitido a la institución que dirige Soledad Becerril para ampliar la información del expediente iniciado por la Defensora del Pueblo en relación a los derribos de infraviviendas en El Gallinero.
En el escrito considera que es "inaceptable" que en un estado democrático la Administración programe el desalojo de la vivienda habitual de varias familias y de "modo pertinaz" obstaculice, impida o niegue a éstos la posibilidad de concer la fecha en que se va a producir obviando el derecho de las familias a una vivienda digna y a la seguridad jurídica.
"No podemos dejar de señalar que venimos observando como, por parte de la administración municipal, se programa y se desarrollan actuaciones de disciplina urbanística, no como mecanismo de restauración de la legalidad, sino como instrumento de acoso institucional contra un colectivo extremadamente vulnerable", recogen los voluntarios en su escrito.
Apuntan también que se ha tratado de solicitar información a través de distintos técnicos que trabajan en el Área de Inclusión Social del Ayuntamiento, quienes a su juicio manifestaron desconocer la existencia de programaciones de desalojos y derribos pero añadiendo que, sin embargo, podrían realizarse algunos de forma inmediata en abril.
La Defensora del Pueblo recomendó al Ayuntamiento de Madrid en el informe anual de la Institución que suspenda las demoliciones y desalojos en el poblado chabolista de El Gallinero y en la Cañada Real Galiana hasta que se estudien las iniciativas ciudadanas de reasentamiento de las personas que allí viven.
Añadía que el Consistorio madrileño no ha aceptado esta propuesta, al considera que el poblado chabolista de El Gallinero es "irregular e ilegal, luego debe observarse el marco jurídico urbanístico y civil".
El Ayuntamiento señala que la legalidad "no permite a la Administración municipal realizar actuaciones de carácter discrecional". Sin embargo, en Defensor del Pueblo considera que el Consistorio "no tiene un marco completamente reglado y rígido y que tiene un margen de discrecionalidad, que, eso sí, no puede convertir en arbitrariedad".
Por eso y en tanto en cuanto el desarrollo urbanístico se encuentra parado, el departamento que dirige Soledad Becerril estima que el Ayuntamiento matritense "puede aplazar temporalmente las demoliciones sin infringir la ley".
"El problema técnico principal de la iniciativa es el del la cesión de suelo público, ya que según la ley requiere de un concurso público; no puede adjudicarse suelo público sin más a unos ciudadanos concretos porque vivan ilegalmente en un asentamiento chabolista próximo", ha indicado.
Sin embargo, el departamento que dirige Soledad Becerril asegura que del informe municipal recibido "no se desprende que el Ayuntamiento hay intentado superar este problema, por ejemplo intentado convocar el concurso público o sometiendo su plan de realojamiento a información pública".
Los voluntarios de la Parroquia de San Carlos Borromeo ha solicitado a la Defensora del Pueblo que requiera nuevamente al Ayuntamiento de Madrid que suspensa los procesos de demolición en El Gallinero o inste al Consistorio a comunicar con debida antelación a las familias y entidades sociales en la zona la fecha concreta de los procesos de ejecución de los desalojos.
Así lo indican los voluntarios en un escrito remitido a la institución que dirige Soledad Becerril para ampliar la información del expediente iniciado por la Defensora del Pueblo en relación a los derribos de infraviviendas en El Gallinero.
En el escrito considera que es "inaceptable" que en un estado democrático la Administración programe el desalojo de la vivienda habitual de varias familias y de "modo pertinaz" obstaculice, impida o niegue a éstos la posibilidad de concer la fecha en que se va a producir obviando el derecho de las familias a una vivienda digna y a la seguridad jurídica.
"No podemos dejar de señalar que venimos observando como, por parte de la administración municipal, se programa y se desarrollan actuaciones de disciplina urbanística, no como mecanismo de restauración de la legalidad, sino como instrumento de acoso institucional contra un colectivo extremadamente vulnerable", recogen los voluntarios en su escrito.
Apuntan también que se ha tratado de solicitar información a través de distintos técnicos que trabajan en el Área de Inclusión Social del Ayuntamiento, quienes a su juicio manifestaron desconocer la existencia de programaciones de desalojos y derribos pero añadiendo que, sin embargo, podrían realizarse algunos de forma inmediata en abril.
La Defensora del Pueblo recomendó al Ayuntamiento de Madrid en el informe anual de la Institución que suspenda las demoliciones y desalojos en el poblado chabolista de El Gallinero y en la Cañada Real Galiana hasta que se estudien las iniciativas ciudadanas de reasentamiento de las personas que allí viven.
Añadía que el Consistorio madrileño no ha aceptado esta propuesta, al considera que el poblado chabolista de El Gallinero es "irregular e ilegal, luego debe observarse el marco jurídico urbanístico y civil".
El Ayuntamiento señala que la legalidad "no permite a la Administración municipal realizar actuaciones de carácter discrecional". Sin embargo, en Defensor del Pueblo considera que el Consistorio "no tiene un marco completamente reglado y rígido y que tiene un margen de discrecionalidad, que, eso sí, no puede convertir en arbitrariedad".
Por eso y en tanto en cuanto el desarrollo urbanístico se encuentra parado, el departamento que dirige Soledad Becerril estima que el Ayuntamiento matritense "puede aplazar temporalmente las demoliciones sin infringir la ley".
"El problema técnico principal de la iniciativa es el del la cesión de suelo público, ya que según la ley requiere de un concurso público; no puede adjudicarse suelo público sin más a unos ciudadanos concretos porque vivan ilegalmente en un asentamiento chabolista próximo", ha indicado.
Sin embargo, el departamento que dirige Soledad Becerril asegura que del informe municipal recibido "no se desprende que el Ayuntamiento hay intentado superar este problema, por ejemplo intentado convocar el concurso público o sometiendo su plan de realojamiento a información pública".
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