La Fiscalía pide 3 años y 6 meses de prisión para Santamaría y De Federico
También reclama una condena de cárcel para otros diez concejales y ex-ediles del PP local.
Miguel Ángel Santamaría, junto a varios miembros del PP de Colmenar
El auto de la juez Alicia Barba señala que "existen indicios suficientes" de delito
Daniel Grandell
27/5/2016 - 08:47
La Fiscalía de Medio Ambiente pide 3 años y 6 meses de prisión para el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, y el ex-regidor de la localidad, José María De Federico Corral, por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística.
Así lo refleja la acusación del fiscal delegado César Estirado, documento al que ha tenido acceso GENTE y que, además, reclama para los dos alcaldes populares la pena de "inhabilitación especial para empleo o cargo público por 10 años, con la accesoría de inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de multa de 22 meses, con cuota diaria de 20 euros, y responsabilidad personal subsidiaria máxima de 11 meses".
No obstante, Santamaría y De Federico no son los únicos señalados por la Fiscalía, que exige la misma pena para la actual concejala de Medio Ambiente, Ana Belén Colmenarejo; el edil de Desarrollo Local, César de la Serna; y los exconcejales de anteriores Gobiernos populares de Colmenar Viejo Antonia García Santos, Inmaculada Viñoles, Justo García y Pablo Colmenarejo.
Por otro lado, para el acusado Pedro Gómez pide dos años de prisión y para el actual primer teniente de alcalde, Jorge García Díaz, el concejal de Servicios y Obras, Carlos Blánquez, y el encargado de Seguridad Ciudadana, Juan José Serrano, se solicitan dos años de prisión, una multa de 14 meses con cuota diaria de 20 euros y ocho años de inhabilitación.
APOLOGÍA DE LA PREVARICACIÓN
Imputados por un total de 16 irregularidades urbanísticas, pese a la existencia de informes técnicos y jurídicos desfavorables, todos estos cargos y ex cargos del PP de Colmenar pasaron el pasado mes de enero por el juzgado número 3 de la localidad para defender su inocencia.
La juez Alicia Barba rechazó entonces sus recursos de defensa por "existir indicios suficientes de la comisión de un delito".
Ante la próxima apertura del juicio oral, la Fiscalía ha defendido en su acusación que la filosofía de los diferentes ejecutivos del Partido Popular "es una auténtica apología de la prevaricación, que se basa, como se recoge en los propios recursos, en la sustitución del derecho aplicable, conscientemente, por la voluntad subjetiva de la autoridad o el funcionario".
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