La Comunidad destina 80 millones a formación para que los desempleados obtengan certificados de profesionalidad
La Comunidad de Madrid ha acordado destinar un total de 80 millones de euros para que los madrileños, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de desempleo y, muy especialmente los jóvenes, puedan acceder a la obtención de certificados de profesionalidad que les sirvan de trampolín para acceder al mercado laboral.
26/7/2016 - 15:52
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha acordado destinar un total de 80 millones de euros para que los madrileños, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de desempleo y, muy especialmente los jóvenes, puedan acceder a la obtención de certificados de profesionalidad que les sirvan de trampolín para acceder al mercado laboral.
El objetivo de la inversión es aumentar la empleabilidad de los trabajadores desempleados, mejorando su cualificación profesional y contribuir de esta manera a la mejora de sus oportunidades de empleo y desarrollo, personal y profesional, ha informado este martes el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Los 80 millones se dividen en dos medidas diferenciadas. La primera, de 50 millones, tiene como beneficiarios prioritarios a los trabajadores en situación de desempleo, aunque también pueden participar en ellas los trabajadores ocupados.
Así, los desempleados deben representar, al menos, el 90 por ciento del total de alumnos que inicien las acciones formativas que conduzcan a la obtención de certificados de profesionalidad. El número estimado de alumnos que podrían participar en las distintas acciones formativas de esta convocatoria de 2016 podría ascender a 15.500.
La preselección de los alumnos se llevará a cabo desde las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid y recibirán la formación en los centros que estén acreditados para impartir acciones formativas de especialidades de certificados de profesionalidad.
Las subvenciones están destinadas a sufragar los gastos derivados de la impartición de la actividad formativa y de la actividad del tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo.
Los 50 millones destinados a este tipo de formación suponen un incremento de 15 millones con respecto a la dotación asignada para el año pasado, un 43 por ciento más.
Las subvenciones se financiarán con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, y la selección de los centros en los que se impartirá la formación se realizará por concurrencia competitiva. Además, se valorará la calidad de la oferta formativa en función de la experiencia previa del centro de formación.
Como novedades, y dando cumplimiento a la nueva normativa estatal aprobada el año pasado, se va a limitar el pago anticipado (un 60% al comienzo y el 40% al final, pudiendo obtener un 25% antes de comenzar la formación pero con el correspondiente aval). A su vez, para la realización de los cursos que vayan a llevar a cabo los centros no se permite la subcontratación de la formación con la excepción del personal docente.
FORMACIÓN PARA CASI 5.000 JÓVENES EN DESEMPLEO AL AÑO
Este año, por primera vez, se ha aprobado destinar 30 millones específicamente a la formación de los jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, repartiéndose dicho importe entre este y el año que viene. En total, la estimación es que cada año puedan formarse 4.845 jóvenes. El gasto está cofinanciado con fondos del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil en un 91,89 por ciento, en el marco del programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
A estas subvenciones, recogidas en la medida 28 de la 'Estrategia Madrid por el Empleo' podrán optar tanto los ayuntamientos como sus órganos autónomos, sociedades o entidades y mancomunidades que cuenten con centros propios debidamente acreditados, que serán los que impartirán la formación.
La Garantía Juvenil fue puesta en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2014 y tiene por finalidad que los jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o prácticas, tras acabar su educación formal o quedar desempleadas.
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