El Gobierno quiere cambiar la normativa del CID para que los proyectos que incluyan casinos se hagan en suelo público
También quiere que el promotor asegure la financiación de las infraestructuras que la Administración considere necesaria
21/7/2017 - 18:12
También quiere que el promotor asegure la financiación de las infraestructuras que la Administración considere necesaria
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid impulsará un cambio legislativo para que los Centros Integrados de Desarrollo (CID) que incluyan casino se tengan que construir en suelo de titularidad pública y exigir como condición a nuevos proyectos que se puedan presentar la financiación de las infraestructuras que la Administración regional considere oportunas.
De esta forma, los ingresos que se generen por la venta de suelo público se podrían destinar a la mejora de los servicios públicos, como las infraestructuras de transporte necesaria para acceder al complejo, han señalado fuentes del Gobierno regional.
Según la normativa vigente, es la administración la que debe garantizar la conservación de la funcionalidad de las infraestructuras y servicios existentes en los proyectos de alcance regional. Con este cambio, la Comunidad quiere garantizar que proyecto contemple las infraestructuras necesarias para asumir los impactos de movilidad que se produzcan, junto con la exigencia de que se presente un estudio "importante" sobre las necesidades de transportes y desplazamientos.
Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Economía, Empleo y Hacienda tras comunicar al grupo Cordish, promotor del proyecto Live! Resorts Madrid, que no se activará la figura del Centro Integrado de Desarrollo, al considerar que no presenta la "singularidad" que requiere la legislación, que permite activar esta figura cuando se aprecia una iniciativa con impacto de relevancia en materia económica, cultural y de empleo.
Según ha explicado, esta decisión está basada en los informes realizados por ocho direcciones generales sobre el proyecto, así como en opiniones técnicas recabadas por la Consejería de Economía.
Con la legislación que ahora se quiere cambiar, el promotor puede desarrollar en cualquier tipo de suelo, salvo en no urbanizable sujeto a protección especial y su aprobación permitirá la ejecución del proyecto, aún en caso de que no fuese compatible con la ordenación urbanística municipal.
Por otro lado, y en el caso de la movilidad, el proyecto de Cordish suponía un 9,6 millones de visitantes en el primer año de operaciones con el proyecto completamente terminado (añ0 2023), pero la compañía no aportaba un plan de movilidad que analizara la necesidad de infraestructuras de transportes complementarias, algo que suponía relevantes cargas para la administración.
En este punto y según las estimaciones de la Dirección General de Carreteras tras analizar la propuesta, este volumen de visitantes implica la creación de infraestructuras complementarias como la puesta en marcha de la MP-203 (con un coste de 83,9 millones), mejoras en las carreteras de acceso norte (M.300, M203 y M-100) por importe de 10 millones.
También implicará mejoras y accesos de la A-2 (que debe valorar Fomento) y que el promotor renunciaba en su proyecto a la mejora de la red ferroviaria en las aclaraciones presentadas a la Administración y sí asumía desplegar unas lanzaderas de autobuses. No obstante, la administración entiende que la parada de Soto del Henares, de la línea C-2 y C-7, requería una inversión relevante para adecuarla al nuevo volumen de visitantes.
Por tanto, el aplicar además un proyecto en terrenos no urbanizables alejados de núcleos urbanos relevantes, que trasladaría el coste en forma de infraestructuras a la administración, dado que la normativa vigente sobre el CID establece que es la administración la que debe garantizar la conservación de la funcionalidad de las infraestructuras y servicios existentes en los proyectos de alcance regional.
Por tanto, la Comunidad pretende evitar esta situación que se ha apreciado con el análisis del proyecto de Cordish y planteará un cambio legislativo para que el promotor asuma el desarrollo de las infraestructuras.
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