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Asociaciones piden que se paralice el desalojo "ilegal" del Palacio de la Infanta Carlota, en Malasaña

El Ayuntamiento notificará el desalojo el próximo martes

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21/11/2020 - 09:29


El Ayuntamiento notificará el desalojo el próximo martes

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La asociación SOS Malasaña y colectivos antidesahucios han pedido al Ayuntamiento de Madrid que paralice el desalojo "ilegal" del Palacio de la Infanta Carlota, en Malasaña, donde viven más de 200 personas, tras aseverar la portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad del Consistorio, Inmaculada Sanz, que se notificará el próximo martes.

Según han explicado a Europa Press desde la asociación SOS Malasaña, el Ayuntamiento pretende "echar" a los habitantes del antiguo palacio, ubicado en la calle Luna, "sin autorización judicial, con los recursos de los vecinos sin resolver y vulnerando la legislación española, la internacional y los derechos humanos que protegen la inviolabilidad del domicilio y el derecho a una vivienda".

Así, han indicado que el Consistorio madrileño pretende recuperar el edificio y ejecutar el desahucio sin haber promovido soluciones habitacionales para las familias vulnerables que allí viven, "muchas de las cuales son víctimas de la economía irregular y del desempleo provocado por la pandemia", sostienen.

De esta forma, han trasladado que los servicios sociales no han tramitado ninguna propuesta formal o por escrito a estas personas, que ascienden a 210 adultos y 40 niños, a pesar de la petición de las familias.

"La especulación inmobiliaria convirtió el antiguo Palacio de la Infanta Carlota en 35 apartamentos. Una reforma que permitió el Ayuntamiento, gobernado entonces por Alberto Ruiz Gallardón, y que resultó un atentado al patrimonio histórico artístico, a pesar de las denuncias de los vecinos de Malasaña", han denunciado desde la asociación.

Han concretado que los inquilinos pagaban el alquiler en efectivo hasta que en 2011 se produjo la expropiación del inmueble. "Después de nueve años de dejación y abandono municipal, ahora, en plena ola pandémica, el Ayuntamiento tiene prisa por recuperar el edificio", han reprochado.

En este sentido se ha expresado también la portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Belén García, que ha indicado que en principio la fecha del desahucio está prevista para el próximo martes. "Otra cosa es que lo paremos, estamos intentando que ese desahucio no se lleve a cabo, es ilegal se ha saltado la orden judicial y sin respetar los Derechos Humanos", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

La portavoz ha defendido que se trata de una orden de lanzamiento que viene "directamente desde el Consistorio". "Ya hemos visto que el Ayuntamiento hace esas cosas", ha indicado.

García ha asegurado que se trata de un edificio con una trama "especulativa fuerte y compleja" y al que el Consistorio madrileño le interesa "abandonar del todo". "No se ha hecho cargo de la conservación de la parte patrimonial de este edificio, le interesa dejar que se destruya porque el final querrá malvenderlo", ha apuntado.

En cuanto a los familias, ha detallado que se trata de inquilinos con un perfil "muy precario" y ha denunciado que no cuentan con ninguna alternativa habitaciones. "Solo promesas verbales y son recursos que como máximo le cubren tres meses y luego búscate la vida", ha reprochado.

La portavoz ha subrayado que los inquilinos quieren pagar alquileres "asequibles y adecuados" con sus ingresos. "Quieren regular esa situación, no estar en el limbo, que siempre es una cuerda floja donde el poder lo tiene el Ayuntamiento y en cualquier momento pueden ejecutar el desahucio", ha añadido.

"CULMINACIÓN NECESARIA"

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, indicó que se trata de la "culminación necesaria" del procedimiento expropiatorio.

"Este inmueble se expropió y fue okupado. Desde el área de Desarrollo Urbano se han dado los plazos previstos, y el 24 se notificará el desalojo, y a partir de entonces se acudirá a la vía judicial", informó Sanz.

Asimismo, aseveró que los servicios sociales han visitado algunas veces a los ocupantes para llevar a cabo un completo estudio.

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