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Defensor del Pueblo plantea a puntos de encuentro familiar de Madrid proponer medidas que prevengan casos de violencia

Concluye las actuaciones por la menor tutelada víctima de trata en 2018

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19/3/2023 - 11:59


Concluye las actuaciones por la menor tutelada víctima de trata en 2018

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo incluye en su informe anual de 2022 una recomendación a la Comunidad de Madrid para que se establezcan las medidas normativas y reglamentarias que se consideren adecuadas a fin de que los responsables de los puntos de encuentro familiar propongan al juzgado alternativas que incidan en el cumplimiento de la resolución judicial relativa al régimen de visitas, pero que ayuden a prevenir posibles casos de violencia de género.

En concreto, la recomendación del Defensor, extensiva también a la comunidad autónoma de Cantabria, aboga por que los responsables de estos puntos de encuentro familiar --instalaciones que tienen por finalidad hacer efectivo el régimen de visitas en crisis de parejas de casos particularmente complicados en los que puede existir violencia de género-- propongan al juzgado y recaben su autorización antes de ser adoptada cualquier otra medida que pueda incidir en el cumplimiento de la resolución judicial que ordena la relación de familia.

Sería el caso, ejemplifica el informe, del cese de la medida adoptada por el juez cuando se entienda que el régimen acordado pueda ser perjudicial para el menor, la derivación a mediación familiar cuando no exista riesgo de violencia y se considere que la buena evolución de la relación parental se consolida o la modificación de la decisión adoptada.

El Defensor del Pueblo subraya que estos puntos de encuentro familiar resultan "indispensables" para la ejecución de las decisiones judiciales en determinados casos, por lo que "son parte del sistema judicial al servicio de la lucha contra los efectos de esa violencia".

Por su contacto cotidiano con los menores y los progenitores que acuden a ellos, tienen la capacidad de detectar y trasladar a las autoridades competentes cualquier problema de violencia persistente o sobrevenida que pudiera surgir.

MENOR TUTELADA VÍCTIMA DE TRATA

Por otro lado, el informe relativo a 2022 constata el fin de las actuaciones por la menor tutelada víctima de trata en 2018, en relación a lo cual el anterior informe, de 2021, advertía de "deficiencias" en la identificación de casos como éste, en el que las víctimas presentan además necesidades de protección internacional.

Las actuaciones ya conclusas se iniciaron tras la queja interpuesta por una asociación debido a las "deficiencias" en el procedimiento que se siguió para identificar las necesidades específicas de protección de esta menor tutelada por la Comunidad de Madrid --víctima de trata y solicitante de protección--.

Esta menor desistió de su solicitud de protección internacional y no fue identificada como víctima de trata hasta que ella misma interpuso una denuncia. Sobre este punto, la entidad de protección de menores reconoce, tal como apunta el informe, la existencia de "carencias" en el procedimiento y "desconocimiento de la compatibilidad de los procedimientos administrativos de identificación y autorización de residencia de víctimas de trata y de protección internacional", en relación con lo cual "confía en que no se producirán nuevas disfunciones".

Asimismo, se mostró consciente, según subraya el Defensor del Pueblo, de que "es necesario reforzar la formación de los profesionales de este sector", por lo que "se está fortaleciendo" el programa formativo y la coordinación con la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), así como con entidades especializadas.

También ha comunicado que en la mesa de coordinación existente en la materia se ha abordado la tramitación de la documentación de aquellos menores que son al mismo tiempo solicitantes de protección y victimas de trata, y el hecho de ser innecesario desistir de uno u otro procedimiento para obtener la documentación y pertinente protección.

INTERIOR DEFIENDE QUE TUVO EN CUENTA EL INTERÉS DE LA NIÑA

Por su parte, la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior considera, según se refleja en el informe, que "sí se tuvo en cuenta el interés superior de la niña" en su decisión de desistir de la solicitud de protección internacional y recuerda el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con relación a los expedientes.

Por otro lado, asegura que se mantuvo "una comunicación fluida con la entidad de protección de menores", aunque el caso "no se trató en la citada mesa de coordinación para mantener la confidencialidad". Con relación a la formación de instructores y funcionarios en materia de protección internacional, se da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo y del plan formativo de 2022, que el Defensor del Pueblo ha valorado.

A juicio del Defensor del Pueblo, una vez examinada toda la documentación y las respuestas de las administraciones implicadas, "no se puede concluir que la menor tuviera pleno conocimiento de las consecuencias de renunciar a su solicitud de protección internacional", ni se desprende que la Oficina de Asilo y Refugio "activara el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos", aunque admite que "sí se hizo constar en el expediente la existencia de posibles indicios".

De hecho, recuerda que fue la propia menor la que interpuso denuncia ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, asesorada por una entidad especializada.
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