Tribunales.- Suspenden hasta marzo el juicio por la presunta corrupción urbanística en Casares
La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha suspendido hasta marzo el juicio al exalcalde del municipio malagueño de Casares y a otras ocho personas, entre ellas tres exediles, acusados por presunta corrupción urbanística en dicha localidad, para que las defensas estudien una documentación propuesta por el fiscal relacionada con las intervenciones telefónicas.
24/10/2016 - 17:46
La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha suspendido hasta marzo el juicio al exalcalde del municipio malagueño de Casares y a otras ocho personas, entre ellas tres exediles, acusados por presunta corrupción urbanística en dicha localidad, para que las defensas estudien una documentación propuesta por el fiscal relacionada con las intervenciones telefónicas.
Así, la mayoría de los letrados de los acusados han pedido un plazo para analizar esa documental y, tras estar más de dos horas paralizada la sesión y con la intención de "evitar cualquier atisbo de indefensión", el Tribunal ha decidido suspender el juicio, que dará comienzo de nuevo, en concreto, la última semana de marzo del próximo año.
Antes de esta decisión, la mayoría de las defensas habían planteado sus cuestiones previas, pidiendo la nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos a lo largo de la instrucción de la causa, relacionadas con imputaciones sorpresivas y falta de notificación y prórroga "injustificada" del secreto de las actuaciones.
El fiscal se ha opuesto a estas cuestiones y ha defendido que el exalcalde "conocía absolutamente todos los hechos por los que se seguía esta causa", por lo que no hubo indefensión. Además, ha hecho referencia a las denuncias del arquitecto y de la secretaria, de "presiones laborales" en relación con informes jurídicos y urbanísticos requeridos por el instructor en esta causa.
La Fiscalía Anticorrupción solicita en sus conclusiones provisionales 18 años y medio de prisión para el exalcalde en este caso, denominado 'Majestic', al acusarlo de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, cohecho y blanqueo de capitales.
La operación policial sobre esta causa, desarrollada en mayo de 2012, permitió destapar una supuesta trama de blanqueo y corrupción urbanística, que estaría relacionada con una presunta organización criminal, de origen ruso, investigada en otro procedimiento. En ese momento, los investigadores requirieron documentación relacionada con el sector urbanístico denominado 'Majestic'.
En el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se explica que a finales de la década de los 90 se asentó en España ese "presunto grupo criminal de ámbito internacional", cuya actividad "se ocultaba tras un entramado societario que giraba en torno a la denominación genérica de Majestic". Sus principales responsables en España eran un hombre que está declarado en rebeldía y uno de los acusados en esta causa.
"Uno de los objetivos principales del grupo fue la inversión de capitales procedentes del exterior en el sector inmobiliario de la Costa del Sol, y más concretamente en el municipio de Casares", señala la acusación pública. A través de dos de las sociedades se ejecutó entre 2000 y 2006 la promoción denominada 'Majestic' y, para ello, "se articularon un total de cinco modificaciones urbanísticas".
Dichas modificaciones, sostiene inicialmente el fiscal Anticorrupción, fueron pactadas por el responsable del grupo que está acusado y por el que era en ese momento alcalde, que fue detenido por este caso en mayo de 2012 y quedó en libertad tras pagar 200.000 euros de fianza. Así, en el escrito se describen los tres convenios urbanísticos que se firmaron para este fin.
Al respecto, se indica que el exregidor concertó dichos convenios "con pleno conocimiento" de que perjudicaban al municipio, además de con "una elusión burda de la ley administrativa", ya que en un caso se aprobó "sin verificar datos elementales" y sin pedir informes del Ayuntamiento; y en otros hubo un aumento del número de viviendas y se firmó antes de aprobarse en pleno.
Se precisa que en los convenios se hizo "una adjudicación directa de los derechos económicos --aprovechamientos urbanísticos-- que obligatoriamente correspondían a los ciudadanos, con una manifiesta infravaloración de los mismos y el consiguiente desvío a manos privadas de derechos patrimoniales públicos". Se produjo un "desvío" de fondos y el incremento patrimonial "ilícito" de las sociedades.
El fiscal señala que la junta de gobierno de septiembre de 2005, formada por Sánchez y otros tres acusados --entonces ediles; entre ellos la que luego fue alcaldesa Antonia Morera--; aprobó conceder licencia de obras para 115 viviendas "a pesar de tener conocimiento de todas las ilegalidades y de que las normas urbanísticas que amparaban dichas licencias no estaban vigentes".
Asimismo, la acusación pública apunta que otro acusado, asesor jurídico e imputado también en otro caso de presunta corrupción urbanística, emitió "de forma totalmente arbitraria" un informe a favor con el fin de "amparar artificiosamente la concesión de la licencias"; mientras que el que era secretario municipal, también procesado, emitió un certificado "íntegramente mendaz".
Anticorrupción pide que el responsable de las sociedades acusado y el exregidor indemnicen solidariamente al Ayuntamiento con 2,5 millones de euros.
Asimismo, esta acusación sostiene que los responsables de las sociedades abonaron al exregidor entre 2004 y 2005 "diversas cantidades de dinero, nunca inferiores a 286.200 euros", con el fin de "obtener un trato preferente por parte en todas las actuaciones urbanísticas que proyectaron", así como conseguir "notables beneficios económicos".
Para dar apariencia legal a los fondos, el exalcalde y su mujer --también acusada-- presuntamente se valieron de sociedades interpuestas, según señala el ministerio público.
Además, compraron boletos de lotería premiados a uno de los procesados, con lo que consiguieron "dar apariencia legal a 165.000 euros", adquiriendo, posteriormente, dos locales comerciales. Asimismo, hicieron ingresos en efectivo "no justificados" a nombre de empresas, dice el fiscal.
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