La Junta lanza una guía para empresas que liciten contratos con la Administración regional
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha presentado este martes el acuerdo alcanzado por la Junta junto a CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para incluir cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones con la Administración. En este acuerdo se incluye una guía donde se recogen estipulaciones obligatorias y recomendaciones de carácter general para el proceso de licitación.
25/10/2016 - 14:57
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha presentado este martes el acuerdo alcanzado por la Junta junto a CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para incluir cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones con la Administración. En este acuerdo se incluye una guía donde se recogen estipulaciones obligatorias y recomendaciones de carácter general para el proceso de licitación.
Ruiz Espejo, quien ha destacado que esta medida acordada por el Consejo de Gobierno supone "un nuevo avance social de las políticas del Gobierno andaluz", ha estado acompañado del secretario general de CCOO en Málaga, Antonio Herrera; la secretaria provincial de UGT, Auxiliadora Jiménez; y la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez.
El delegado ha resumido algunas de las cláusulas que se incluirán en las licitaciones de la Junta, como la prohibición de utilizar empresas domiciliadas en paraísos fiscales, exigir el cumplimiento de la legislación medioambiental, garantizar la homogeneidad en los criterios de contratación, imposibilitar contratar con aquellas empresas que hayan sido sancionadas gravemente en materia social, entre otras.
Concretamente, las cláusulas sociales se aplicarán siempre que sean adecuadas al objeto del contrato, en función del sector de actividad, finalidad, naturaleza y contenido del mismo. En este ámbito se priorizará a las personas que perciben la renta mínima, con discapacidad, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración mayores de 45 años y menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.
En función del tipo de contrato, se podrán establecer cláusulas específicas. En el caso de actividades relacionadas con menores, las empresas adjudicatarias deberán presentar una certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales de todos sus empleados.
Sobre los contratos de obras, con carácter previo a la ejecución del proyecto, habrá de elaborarse un plan de seguridad y salud en el trabajo, mientras que en los de diseño y elaboración de páginas web será obligatorio que esté garantizada la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, este acuerdo con sindicatos y entidades empresariales recoge también la constitución de una comisión de seguimiento a nivel provincial para asegurar la introducción de estas cláusulas en los pliegos de condiciones de la contratación pública de la Junta de Andalucía en Málaga. Esta comisión estará integrada por la administración andaluza, sindicatos y la patronal.
"Además de poner el valor la importancia del diálogo social, refleja la posibilidad de que el diálogo social se pueda fraguar en acuerdos concretos", ha valorado Ruiz Espejo, añadiendo que supondrá "el beneficio de muchos empleados que trabajan en empresas que prestan servicios a la Comunidad Autónoma, y también consolidando un modelo de empresas comprometidas con la Responsabilidad Social y Ambiental".
Herrera ha considerado este acuerdo como "un ejemplo a seguir por las formaciones políticas en el tiempo político actual", incidiendo en la importancia del diálogo social y el acuerdo entre las partes implicadas.
Al mismo tiempo, ha destacado que desde CCOO no dejan de reivindicar "que las prestaciones públicas se den desde la propia iniciativa pública", mientras que la iniciativa privada "sea complementaria en aquellos momentos en que la iniciativa pública no puede dar respuesta a los servicios que se plantean".
La secretaria general de UGT Málaga ha hecho hincapié en la "capacidad de contratación de las administraciones públicas", quienes tienen, especialmente la Junta de Andalucía, "una enorme incidencia para la economía de nuestra provincia". Por ello, "para garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos sociolaborales con las empresas, supone un importante avance en la configuración de un modelo económico productivo mucho más justo", ha concluido.
Por último, Sánchez ha recalcado tres valores "fundamentales" en este acuerdo, como son "el diálogo social, el empleo y la seguridad jurídica". Concretamente sobre la guía, ha apuntado que inducirá "una coordinación y por tanto, mayor seguridad, que no se agota con la presentación de las recomendaciones, sino que se complementará con mesas sectoriales de contratación que adaptarán estos planteamientos de la guía a las necesidades de cada sector".
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