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La sanidad pública, la política nacional o la situación del tren rural, a debate en el pleno de Diputación

El "colapso" en la sanidad pública andaluza, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, la propuesta para que la exministra de Justicia Dolores Delgado sea la nueva fiscal general del Estado, la eliminación de servicios a la ciudadanía en el tren en municipios de la provincia o la situación del servicio de Ayuda a Domicilio serán algunos de los temas que centrarán el pleno de la Diputación de Málaga de este miércoles.

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14/1/2020 - 12:24


MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

El "colapso" en la sanidad pública andaluza, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, la propuesta para que la exministra de Justicia Dolores Delgado sea la nueva fiscal general del Estado, la eliminación de servicios a la ciudadanía en el tren en municipios de la provincia o la situación del servicio de Ayuda a Domicilio serán algunos de los temas que centrarán el pleno de la Diputación de Málaga de este miércoles.

La política nacional protagonizará uno de los debates en la institución malagueña con sendas mociones de PP y Ciudadanos, en este último caso la urgente en la que se apoya el ordenamiento jurídico español y todos los órganos constitucionales, incluida la Jefatura del Estado.

El portavoz de Cs en la Diputación de Málaga, Juan Cassá, ha instado al grupo parlamentario EH-Bildu a retractarse de sus palabras contra la Corona y la democracia el pasado 5 de enero, ha pedido al Gobierno central que recupere el delito de referendum ilegal y le ha exigido que "no realice concesiones a los independentistas ni cree la mesa de diálogo entre los gobiernos de España y Cataluña".

"Hay que acatar la democracia, la Constitución y el ordenamiento jurídico", ha sostenido Cassá, quien ha "lanzado un guante, humildemente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que junto a PP y Ciudadanos vayan "de la mano los tres para alcanzar grandes acuerdos y las reformas que necesita España". Así, ha agregado que tras la investidura "es momento de que el viejo bipartidismo y Ciudadanos haga de bisagra y logremos grandes acuerdos entre los tres partidos constitucionalistas; que vayamos de la mano".

También sobre política nacional presenta el PP dos mociones. La urgente contra la propuesta de nombrar a Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, pidiendo a Sánchez que desista y que se proponga el nombramiento de un profesional "independiente y según criterios de méritos y capacidad", según ha indicado su portavoz, Francisco Oblaré.

"Eso es la politización de la justicia, Pedro Sánchez quiere acabar con la separación de poderes que tanto le molesta. Estamos en contra frontalmente de esta propuesta. Ya ha hecho realidad lo que dijo en televisión, que él mandaba sobre los fiscales, nombrando a una diputada socialista y exministra de justicia como fiscal general", ha enfatizado.

La segunda moción de los 'populares' al respecto versa sobre el pleno de investidura y las manifestaciones que allí se produjeron. Oblaré ha pedido a Sánchez, "respaldado por los herederos de ETA y por los que quieren acabar con España", que rompa los acuerdos con ERC y Bildu.

"La política no puede estar por encima de la ley. Habla de una mesa de diálogo con la comunidad autónoma de Cataluña, como si fuera un país como España. Habla de España federal cuando en la Constitución Española se pohíbe la federación de las autonomías y manifestaciones a las que alude como recursos dialéctivos quitándole trascendencia", ha lamentado el portavoz del PP en la Diputación, quien ha criticado también que el "presidente 'fake' quiera poner un cordón sanitario a las ideas, que ataque la libertad de elección de los padres de la educación de sus hijos...".

Estas mociones relacionadas con temas alejados de la provincia de Málaga han sido criticadas por la oposición, que ha recordado que existe un reglamento acordado entre todos los partidos pero no aprobado aún en el que se pone coto a las mismas.

El portavoz del PSOE, José Bernal, ha recordado que el citado reglamento "está cerrado por todas las partes" y en él se indica que sólo se debatirían mociones sobre el territorio de la provincia "pero PP y Cs no están por la labor de llevarlo a pleno para aprobación". Así, ha explicado que han trasladado en varias ocasiones que se ponga ya en marcha "pero ambos están muy cómodos sin debatir de Málaga y debatiendo de Cataluña".

"Si tuvieramos que mandarle un mapa de Cataluña a los diputados provinciales del PP dudo que sepan poner las cuatro provincias en los territorios en que corresponde. Que miren menos a los catalanes y miren más la sanidad pública", ha sostenido Bernal.

En la misma línea, la portavoz de Adelante en la Diputación, Teresa Sánchez, ha situado estas mociones sobre política nacional en la "frustración del PP con los resultados electorales obtenidos y con tener un partido de extrema derecha que le viene pisando los talones". También ha aludido al reglamento pendiente, "esperando que el equipo de gobierno la reactive".

"Entendemos --ha dicho-- que no podemos limitar el sano debate pero tampoco compartiremos debates que no llevan a ningún sitio y son los grupos parlamentarios --en Congreso o Parlamentos-- los que deberían debatir y opinar sobre cuestiones que son meramente de circo político".

Más allá de los temas nacionales, al pleno de la Diputación irán otras mociones, como las del PP para reclamar al Ministerio del Interior el aumento de las retribuciones a los funcionarios de prisiones y un plan de formación continua de estos profesionales; además de rechazar que el Ministerio elimine la venta de billetes en taquilla en municipios como Jimera de Líbar, Campillos, Benaoján, Almargen, Cortes de la Frontera, Gaucín, Álora y el núcleo de Bobadilla y la eliminación de paradas; algo que va "en contra de la lucha contra la despoblación".

El PSOE y Adelante coinciden en una moción contra la situación de la sanidad pública y el "colapso" que está padeciendo. Así, los socialistas piden el cese del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, por el "caos" y que desde la Diputación se respalden las reivindicaciones de profesionales, usuarios y sindicatos sobre las "carencias" y la falta tanto de personal como de infraestructuras.

Bernal ha lamentado que "la derecha quiera debilitar la sanidad pública para favorecer el negocio privado". Algo en lo que ha coincidido Teresa Sánchez, quien ha preguntado al PP en qué quedaron sus reivindicaciones a la Junta de Andalucía: "Han llegado a la gestión y todas las promesas han sido incumplidas".

"El panorama es desolador, Málaga ha perdido de 2012 a 2018 197 camas públicas, es la que tiene más camas privadas de Andalucía, con un 44 por ciento", ha dicho, criticando, igualmente, que el pasado verano se cerraran 235 camas, 63 más que en 2018; y que en materia de personal se están produciendo "los mismos incumplimientos".

Sánchez ha indicado que el PP prometió que solucionaría las contrataciones "y desde que gobierna no contratan vacaciones, permisos ni bajas y hay incumplimiento en renovación de personal en contratos mínimos de seis meses", además de que la actividad de los quirófanos "ha caído un 20 por ciento; solucionar las listas de espera no va a ser posible con esos datos". Por ello exigen abrir todas las camas cerradas, realizar inversiones en el tercer hospital y el Marítimo y cubrir todas las bajas.

Otra moción de Adelante en la Diputación es para defender la Ayuda a Domicilio, exigiendo que este servicio público, después de aprobarse la prórroga forzosa el pasado mes de diciembre, lo gestione de forma directa la institución. Así, ha aludido a "los problemas en la prestación del servicio y con las condiciones laborales de los trabajadores, que no son homogéneas en toda la provincia", teniendo en cuenta que es un sector con un 70 por ciento de mujeres. También presentan otra iniciativa para tener representación en el Consorcio Provincial de Bomberos aunque Sánchez ha apuntado que están estudiando una última propuesta presentada a su grupo.

Los socialistas llevan, además, otras mociones para que se pague a los ayuntamientos de la provincia la subvención correspondiente al arreglo de los caminos rurales; que el Gobierno central mantenga todas las oficinas del Registro Civil existentes y en todos los juzgados de paz y que no se supriman las oficinas liquidadoras de la Agencia Tributaria en Andalucía.
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