El PSOE propone un plan integral contra los 'taxis pirata' en Melilla
El PSOE ha anunciado que propondrá un plan integral contra los 'taxis pirata' en la próxima Comisión de Seguridad porque asegura que "no sólo se trata de sólo competencia desleal a la COA (el autobús público de Melilla) y los taxis, también hablamos de la seguridad de los ciudadanos".
19/3/2017 - 17:42
El PSOE ha anunciado que propondrá un plan integral contra los 'taxis pirata' en la próxima Comisión de Seguridad porque asegura que "no sólo se trata de sólo competencia desleal a la COA (el autobús público de Melilla) y los taxis, también hablamos de la seguridad de los ciudadanos".
A través de un comunicado de prensa, la presidenta de la Gestora del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha dicho que "más allá de las multas, que son necesarias, hace falta un actuación más ambiciosa por parte de la administración local, por ello vamos a abordar esta cuestión en la próxima Comisión de Seguridad Ciudadana, y vamos a plantear poner en marcha un plan integral para luchar contra este tipo de transporte ilegal, como se hizo el año pasado en Baleares ante la proliferación de los taxis pirata que sufrieron".
En palabras de Rojas, esta situación debe ser corregida por el Gobierno, dado que no sólo se trata de competencia desleal al servicio público de transporte que realizan los taxis legales y a la COA, sino que estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos, ya que "no sabemos qué condiciones de seguridad tienen esos coches que hacen de transporte ilegal, no sabemos si tenemos seguro, si cumplen las condiciones técnicas o si tienen carnet de conducir".
La líder socialista ha recordado que hace unas semanas el consejero de Seguridad Ciudadana de Melilla, Isidoro González (PP), aseguró que se habían recaudado 300.000 euros en concepto de multas a estos 'taxistas pirata' en el año 2016.
"Una cantidad que nos pareció muy exagerada, porque supondría que la policía local habría recaudado 821 euros en multas cada día", ha explicado. Por ello, el Grupo Socialista ha planteado una pregunta a la Consejería para confirmar este extremo. En la respuesta de la Consejería señalan que se trata de un "error de transcripción" y que realmente las multas en 2016 por este concepto ascendieron a 30.000 euros y no a 300.000 euros.
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