AMP.- Absuelto el secretario general de PP y presidente de Puerto de Melilla por el delito de prevaricación
El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla ha absuelto del delito de prevaricación administrativa al secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, tras haber sido denunciado por la contratación de un arquitecto en su etapa como consejero de Administraciones Públicas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este viernes Europa Press.
20/4/2018 - 22:56
MELILLA, 20 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla ha absuelto del delito de prevaricación administrativa al secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, tras haber sido denunciado por la contratación de un arquitecto en su etapa como consejero de Administraciones Públicas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este viernes Europa Press.
El tribunal ha rechazado así la petición de ocho años de inhabilitación especial que había formulado la Fiscalía y los diez años de inhabilitación para empleo o cargo público que reclamaba la acusación popular, formada por Manos Limpias, el partido Coalición por Melilla (CPM) y ex secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz, que consideraban irregular la contratación de un arquitecto por la Ciudad Autónoma de Melilla dado que continuó trabajando para la administración a pesar de la reincorporación del trabajador al que venía sustituyendo en virtud de un anterior contrato de interinidad por sustitución.
La sentencia, contra la que las partes pueden interponer recurso ante la Audiencia Provincial en el plazo de diez días, recoge en los hechos probados que "ningún hecho de trascendencia delictiva ha quedado acreditado" en el modo de proceder del actual número dos del PP melillense en su etapa de consejero de Administraciones Públicas.
El auto judicial recoge que "los contratos de 28 de agosto de 2006 y 1 de agosto de 2007 revisten apariencia de legalidad entendida como la interpretación mínimamente razonable de la norma realizada con los métodos usualmente admitidos, pudiendo afirmarse que la selección sucesiva de la plaza no se encuentra en contradicción tan absoluta con el Derecho que permita sostener la arbitrariedad e injusticia de la resolución".
De igual modo, ha estimado que "la permanencia en la situación de interinidad (del arquitecto) tampoco se considera trascedente, pues su extensión en el tiempo no es excesiva (aproximadamente dos meses), lo que permite razonablemente pensar que su causa sea debida al propio funcionamiento de los órganos de gestión de la administración a fin de comunicar los elementos determinantes del cese".
"Y, en todo caso, sus efectos están expresamente regulados en la ley. Por lo tanto, si la propia ley prevé la posibilidad de la prolongación indebida de la situación de interinidad y regula sus efectos, no puede sin más identificarse la ilegalidad de la prórroga indebida de la relación laboral con la arbitrariedad propia del delito de prevaricación, significando una pretensión semejante ignorar la esencia misma del delito de prevaricación", ha concluido.
OBLIGADO A CESAR EN 2015
Miguel Marín tuvo que abandonar el Gobierno de Melilla en 2015, donde ocupaba el cargo de vicepresidente primero y consejero de Fomento, Juventud y Deporte, por el pacto de legislatura firmado entre PP y Partido Populares en Libertad (PPL), formación esta último que exigió su cese a raíz de este procesamiento, del que finalmente ha resultado absuelto en primera instancia.
Tras su marcha del Gobierno de Melilla, el presidente de la Ciudad Autónoma y del PP, Juan José Imbroda, propuso el nombramiento de Miguel Marín para la Presidencia de la Autoridad Portuaria, propuesta que fue aprobada por Puertos del Estado el 27 de septiembre de 2015, y el 2 de abril de 2017 también lo designó como secretario general del PP en el XII Congreso de los populares melillenses.
El llamado 'Caso Arquitecto' se remonta a la época de Miguel Marín como consejero de Administraciones Públicas, en el año 2007, cuando su área contrató a un arquitecto con una oferta genérica al Servicio Público de Empleo (antiguo INEM).
Según la Fiscalía, se habría producido una presunta prevaricación administrativa al "incumplir la normativa" laboral en la contratación al entender que se debió convocar un concurso público.
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