Habría presionado presuntamente a un edil para que Contratación fallara a favor de la empresa
03/6/2016 - 08:03
La Fiscalía considera, en base a un informe de la UCO, que el diputado autonómico y exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, era destinatario de comisiones y dádivas por la adjudicación de un contrato de servicio y mantenimiento energético a Cofely, empresa implicada en la trama Púnica, y que envió a los técnicos de la sociedad información de las competidoras al concurso para dirigir el procedimiento.
En un documento incluido en el sumario del caso, el Ministerio Fiscal, a raíz de observaciones telefónicas iniciadas el 18 de junio de 2014, cree que se evidencian "intensas negociaciones sobre el pago de comisiones prometidas en el contrato" por ejecutivos de la compañía, el empresario David Marjaliza, el exdiputado Mario Utrilla, el exconcejal de Medio Ambiente de la localidad Alejandro Utrilla y representantes del exalcalde. "Se ha procedido al análisis de los mensajes y correos electrónicos que se intercambiaron los arriba citados durante el periodo de la licitación de enero a marzo del 2014. Las evidencias digitales muestran las interferencias e influencias de Daniel Ortiz y Alejandro Utrilla quienes, pese a no formar parte de la Mesa de Contratación, presionaron al concejal de Infraestructuras y de Mantenimiento para que exigiera más condiciones a los competidores en beneficio de Cofely", señala el informe. La Fiscalía sospecha que existió un concierto previo a favor de la adjudicación del contrato a favor de Cofely unos meses antes de iniciarse el concurso. Entiende también que tanto el exalcalde como el exconcejal de Medio Ambiente remitieron, con conocimiento de la Dirección General de la empresa, papeles confidenciales con las ofertas de un competidor en ese concurso, en concreto documentación bancaria sobre su solvencia y un estudio financiero.
contra-informe
Así, los cuadros técnicos de Cofely podían realizar un contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado entonces, según se desprende de la declaración de los técnicos de la compañía. Los papeles con el contra-informe de Cofely, llegaron presuntamente el día 26 de marzo a manos de Ortiz, con el fin de descalificar la oferta del competidor mejor baremado, según se explica. A su vez, se sospecha la participación de Ortiz y Alejandro Utrilla demandando, a través de Mario Utrilla y Marjaliza, "el pronto pago de sus dádivas, negociando al alza cantidades entre 240.000, 500.000 y 6.000 euros, como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato". Por ello, se pide que Ortiz sea investigado por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
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