El Gobierno municipal se convirtió en tripartito con la entrada de Ganar. Tras un año de un Ejecutivo en coalición entre PSOE e IUCM-LV y varios meses de negociaciones, finalmente las tres formaciones llegaron a acuerdos para formar Gobierno
30/12/2016 - 08:15
El 2016, que comenzó con un Gobierno a dos bandas, terminará con un tripartito.
El pasado 18 de julio se daba a conocer la incorporación de Ganar Móstoles al Ejecutivo municipal (PSOE e IUCM-LV) después de varios meses de negociaciones, con las elecciones generales de por medio, y tras alcanzar un acuerdo programático entre las tres fuerzas.
"El pacto fue fruto del trabajo, del diálogo, del consenso y de las buenas relaciones mantenidas durante el último año", señalaron las partes implicadas. El alcalde socialista, David Lucas, afirmó que la adhesión de Ganar "era un objetivo que se venía persiguiendo desde las pasadas elecciones locales y que está fundamentado en cuatro aspectos".
El primero de ellos sería precisamente el acuerdo programático que se basaba en cinco puntos fundamentales. Desde la lucha contra la desigualdad y la pobreza, pasando por el diseño de un modelo de ciudad sostenible (empleo y medio ambiente), el incidir en el aspecto social (la educación, la igualdad y la innovación social), en la regeneración institucional (siendo transparentes y participativos) y en la cultura y en el deporte accesible. Otro de los objetivos perseguidos es el de trabajar desde el centro de la acción política, el fortalecimiento de la acción de Gobierno y la trasparencia y la eficacia.
Presupuestos 2017
La última acción conjunta ha sido la de presentar las cuentas para el próximo año.
El pleno de Móstoles aprobó el pasado 23 de diciembre los Presupuestos para 2017, cuya cifra asciende a 210 millones de euros, gracias al apoyo de los 15 los ediles de los tres grupos municipales que componen el Gobierno frente a los 12 votos en contra del PP. El regidor, David Lucas, hizo hincapié en "el gran esfuerzo de entendimiento y acuerdo realizado por las tres formaciones", que fueron las que conjuntamente elaboraron el proyecto que se presentó para su aprobación. Unas cuentas que, según afirmó, "son eminentemente sociales, pensadas para la gente ante las necesidades existentes en el municipio, muy azotado por la crisis económica", aseguró, añadiendo que se habían desarrollado en varios ejes: el Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Plan de Empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la sostenibilidad medioambiental.
Sin embargo, para el Partido Popular resultan "incoherentes", insistiendo en que "muestran unos ingresos irreales, además de aumentar la presión fiscal". Según destacaron, "no cubrirán los gastos y, singularmente, tampoco los correspondientes al Plan de Inversiones", además de "incumplir" las medidas acordadas y aprobadas por el Ministerio de Hacienda para el Plan de Ajuste.
Ortiz dimitió de todos sus cargos
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le citó a declarar en calidad de investigado por su presunta vinculación con la trama Púnica por posibles delitos en la adjudicación de un contrato de eficiencia y mantenimiento a Cofely.
El 8 de agosto Móstoles se levantaba con la noticia de que el hasta entonces diputado autonómico del PP, Daniel Ortiz, renunciaba "voluntariamente" a todos sus cargos, tanto su escaño en la Asamblea como el de edil en el Ayuntamiento y la presidencia del PP en la localidad al conocer que había sido llamado a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en calidad de investigado en la Operación Púnica. Ortiz manifestó entonces su inocencia respecto a los hechos.
TSJM
Las pesquisas apuntaban a que presuntamente hubo mensajes dirigidos al edil David Sánchez del Rey, que era el responsable de promover el contrato de eficiencia y mantenimiento energético, para actuar en favor de Cofely, empresa que ha estado bajo la lupa en la trama, y que lograra la adjudicación, algo que ocurrió en 2014. El TSJM entendía que existían indicios de delitos de tráfico de influencias, fraude a administración pública y cohecho, entre otros, puesto que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estimaba que podría hacer recibido dádivas y comisiones por la adjudicación de este acuerdo. Los investigadores aludían a "intensas negociaciones sobre el pago de comisiones prometidas en el contrato" por ejecutivos de Cofely, el empresario David Marjaliza, el exdiputado Mario Utrilla, el exconcejal de Medio Ambiente de la localidad Alejandro Utrilla y representantes del exalcalde. El contrato suponía una cantidad de unos 75 millones.
Ortiz defendió ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la legalidad del proceso de adjudicación del acuerdo otorgado a la empresa Cofely. El exdiputado también aseguró ante el juez que no cobró mordidas ni sobornos y detalló todos los pagos recibidos por el contrato, "todos ellos legales" y sobre los que afirmó había aportado toda ladocumentación.
Revolución en la Iglesia por el inicio de un expediente
Las campanas enmudecieron por primera vez, tras recibir la noticia de que el Ayuntamiento de la localidad había iniciado un expediente sancionador contra la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción por una falta grave al superar en más de 10 decibelios el ruido de sus campanas, según explicó el propio concejal del área, Eduardo Gutiérrez. Sorprendido y abrumado, el párroco aseguraba que nunca habían tenido ningún problema al respecto. "El sonido de las campanas ha sido parte de Móstoles desde tiempos inmemoriales", indicó. En este sentido, aseguró que si les obligarán a dejar de tocar, el templo contactará con un campanero para que instale unas bocinas por las que se reproducirá el sonido respetando los niveles.
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