Ayuntamiento abre expediente a Emesa tras activarse el proceso judicial por el accidente mortal en túneles de M-30
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este miércoles que se ordenó la semana pasada la apertura de un expediente administrativo de investigación a la empresa Emesa, encargada del mantenimiento en los túneles de la M-30, tras la reactivación del proceso judicial por el accidente que costó la vida a dos trabajadores en octubre de 2012.
10/2/2016 - 18:17
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este miércoles que se ordenó la semana pasada la apertura de un expediente administrativo de investigación a la empresa Emesa, encargada del mantenimiento en los túneles de la M-30, tras la reactivación del proceso judicial por el accidente que costó la vida a dos trabajadores en octubre de 2012.
Dos empleados de la empresa encargada del mantenimiento murieron por el incendio desatado en una sala auxiliar de un túnel. El archivo del caso fue recurrido por el Grupo Municipal Socialista y ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha establecido que no había motivos para el sobreseimiento, ha explicado Sánchez Mato en rueda de prensa.
El delegado ha expuesto tras el consejo de administración de Madrid Calle 30 que se produjo un "incumplimiento de contrato" por parte de Emesa en lo referido a la "mala práctica en el mantenimiento de las infraestructuras". "Los sistemas de mantenimiento contra incendios no estaban conectados adecuadamente", ha añadido. El contrato se firmó con Emesa en el año 2005.
El actual equipo directivo de Madrid Calle 30, con el gerente, Samuel Romero, al frente, ha incoado expediente administrativo "para establecer posibles multas que pudieran ser reclamadas a la empresa" Emesa, ha remarcado el titular de Economía y Hacienda.
"Lo que no se puede hacer es no hacer nada ante el incumplimiento", ha razonado defendiendo que las posibles responsabilidades asociadas a las labores de mantenimiento deben ser esclarecidas al detalle y depurar responsabilidades en el caso de que las hubiera para evitar que un suceso así pueda volver a repetirse.
Sánchez Mato ha insistido en que el procedimiento administrativo "ni puede ni debe relacionarse con las actuaciones penales del Juzgado de Instrucción 21 de Madrid". "El procedimiento administrativo investigará lo ocurrido y, de probarse tales actuaciones, pudiera derivarse una imposición de penalidades en virtud de un incumplimiento contractual que podría ser calificado como grave", ha detallado el área.
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