El Principado acusa de incumplimiento a la empresa encargada de las obras del colegio Ruiz-Tilve
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha criticado este miércoles el "incumplimiento de las condiciones estipuladas" para las obras del Colegio Público Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria (Oviedo) por parte de la empresa Construcciones Alfredo Rodríguez (CAR), contratada por la Administración para edificar 18 unidades de Educación Primaria en dicho centro educativo.
20/8/2014 - 14:41
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha criticado este miércoles el "incumplimiento de las condiciones estipuladas" para las obras del Colegio Público Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria (Oviedo) por parte de la empresa Construcciones Alfredo Rodríguez (CAR), contratada por la Administración para edificar 18 unidades de Educación Primaria en dicho centro educativo.
A través de una nota de prensa, el Gobierno del Principado de Asturias ha explicado que la empresa, una vez firmado el contrato y garantizado el inicio de las obras según los plazos previstos, presentó una serie de exigencias al Gobierno del Principado para llevarla a cabo. Entre esas exigencias se encontraban un mayor desembolso económico y el uso de materiales de menor calidad en la construcción del colegio.
El director general de Personal Docente y Planificación Educativa, José Antonio Fernández Espina, ha mantenido una reunión con la directora del centro y el presidente de la AMPA. En dicho encuentro, les ha informado de "la pretensión de la empresa de introducir importantes modificaciones en el proyecto inicial contratado".
Fernández Espina ha señalado que esas variaciones suponían una merma en las calidades, una alteración en las anualidades previstas para su financiación y una garantía del cobro del 10% de la liquidación final de la obra.
"Esas demandas se traducen en un sobrecoste de la obra que esta Administración no está dispuesta a aceptar bajo ningún concepto", ha dicho el Director General. José Antonio Fernández Espina también ha explicado que a lo largo del mes de julio mantuvo reuniones con el consejero delegado de la empresa con vistas a buscar una salida para la situación que se había generado sin que éstas fructificasen ante la negativa de la empresa a ceñirse a lo que ya estaba firmado. Según Fernández Espina, "la Consejería advirtió a los responsables de la empresa de que, de no cumplir lo estipulado en el contrato, se les exigirían las oportunas responsabilidades".
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