Los directores de Mahón expedientados durante 14 meses por negarse a aplicar el TIL se querellan por prevaricación
Los directores de los tres centros educativos de Mahón expedientados en julio de 2013 por su negativa a aplicar el Decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) se han querellado este lunes, por la presunta comisión de un delito de prevaricación, contra los tres responsables de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que abiertos los expedientes durante 14 meses.
28/4/2015 - 17:18
Los directores de los tres centros educativos de Mahón expedientados en julio de 2013 por su negativa a aplicar el Decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) se han querellado este lunes, por la presunta comisión de un delito de prevaricación, contra los tres responsables de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que abiertos los expedientes durante 14 meses.
En concreto, la querella va dirigida contra quienes en aquellos momentos eran el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, el director general de Planificación, Bartolomé Isern, y el inspector de Educación e instructor del procedimiento sancionador, José Ramón Mestre, sin perjuicio de que pueda ser ampliada a otras personas implicadas si así se considera pertinente.
Tal y como ha puesto de manifiesto a las puertas de los Juzgados de Vía Alemania la directora del Instituto Joan Ramis i Ramis, Marga Seguí, una de las afectadas, los expedientes disciplinarios fueron incoados de forma "injusta y arbitraria" el 31 de julio de 2013, 24 horas después de haber comunicado su decisión de no aplicar el TIL en sus respectivos centros.
Además, recriminan en su querella que fueron abiertos sin informes ni actos de ningún inspector como también sin demanda de información o documentación a los institutos. "Los firmaba una persona que actuaba como sustituta de otra y que no se identificaba", ha recordado Seguí, quien ha señalado que se les acusaba de "falta de obediencia a las órdenes de un superior y se calificaba nuestra conducta como muy grave", ha abundado.
Según ha aseverado, la apertura de los expedientes se acompañó de medidas provisionales "desproporcionadas y nada frecuentes": la suspensión de funciones y sueldo por un periodo de tres meses.
"Consideramos que la instrucción del procedimiento nos causó indefensión y estuvo muy lejos de ser transparente e imparcial. Denunciamos que nuestro derecho a la presunción de inocencia no fue repectado", ha incidido la directora, acompañada de los otros dos afectados por los hechos, Jaume Bonet, del instituto Cap de Llevant, y Rafel Andreu, del Pasqual Calbó i Caldés.
Seguí ha subrayado que del conjunto de irregularidades que piden que se investiguen destaca el hecho de que, pasado un tiempo y en lugar de cerrar los expedientes al comprobar que no había ninguna conducta sancionable, el instructor modificó los hechos y la calificación de la falta, al tiempo que alargaba la suspensión de funciones directivas vinculándola con la resolución del expediente.
De esta forma, los directores tuvieron que cumplir seis meses de suspensión de funciones directivas -dos de ellos también de funciones docentes-, a pesar de que el instructor proponía resolver el procedimiento con 15 días como máximo de sanción.
Los expedientes quedaron parados durante más de siete meses, en los que se anunció públicamente que éstos seguían el procedimiento administrativo normal. Finalmente, fueron archivados el 2 de octubre de 2014 ante la falta de tipificación de la conducta de los directores, una vez probado que no se podía derivar responsabilidad disciplinaria alguna. Habían transcurrido 14 meses.
Con su querella, ha subrayado Seguí, los afectados esperan que se investigue la adecuación de todas las actuaciones llevadas a cabo por las personas directamente implicadas en los expedientes y que se establezca "el precedente jurídico que permita que ningún otro funcionario, profesor o director vea menospreciados sus derechos en el futuro".
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