El pleno del Parlament valida el decreto ley que adapta la Renta Social Garantizada al Ingreso Mínimo Vital
El pleno del Parlament balear ha validado este martes el decreto ley del Govern sobre prestaciones sociales, que entre otros puntos modifica la Renta Social Garantizada para adaptarla a la situación creada por la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
30/6/2020 - 14:25
PALMA DE MALLORCA, 30 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlament balear ha validado este martes el decreto ley del Govern sobre prestaciones sociales, que entre otros puntos modifica la Renta Social Garantizada para adaptarla a la situación creada por la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El decreto ha sido aprobado con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox, que se ha abstenido. La oposición ha pedido su tramitación como proyecto de ley, pero los partidos del 'Pacte' lo han rechazado. Tras hacerlo, se han escuchado abucheos en el hemiciclo.
El texto también eleva a rango de ley la renta de emancipación para jóvenes extutelados, deroga la renta mínima de inserción y regula diferentes aspectos de ayudas y prestaciones.
La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha calificado de "excelente noticia" la aprobación del IMV pero ha explicado que obliga a la Comunidad a modificar sus prestaciones económicas para evitar desigualdades.
En cuanto a la Renta Social Garantizada, con la modificación se mantiene su estructura básica pero se equiparan los perfiles y cuantías -por ejemplo, teniendo en cuenta el mayor apoyo que otorga el IMV a las familias con menores-.
Además, Santiago ha explicado que pretenden "dar cobertura a un vacío" del ingreso estatal, que deja fuera a las familias que tuvieran ingresos el ejercicio pasado pero en 2020 se hayan quedado sin.
Santiago ha indicado que la Renta Social Garantizada, en vigor desde 2016, ha llegado a 10.600 familias desde su creación, sin incluir la renta extraordinaria por la crisis del COVID-19. En la nómina de junio se incorporaban unas 8.000 personas.
LA OPOSICIÓN CUESTIONA LA FIGURA DEL DECRETO Y PIDE PARTICIPAR
La oposición -excepto Vox, que se ha abstenido- ha apoyado la iniciativa si bien ha cuestionado la figura del decreto, tanto por el contenido como por la imposibilidad de participar. La diputada del PP Margalida Durán ha denunciado que es "un macrodecreto que supone una reforma completa de la regulación de las prestaciones sociales" en Baleares.
La diputada ha mantenido que "se invaden competencias de los Consells y ayuntamientos vía decreto ley" y "se ha hecho corriendo". "Dos conversaciones con los Consells no es participación", ha protestado, criticando que los alcaldes se enterasen "por el Boletín Oficial". Por ello, Durán ha calificado de "vergüenza" que los partidos del Govern se opongan a su tramitación como proyecto de ley.
Desde Cs, Juan Manuel Gómez ha lamentado que no se realice la tramitación como proyecto de ley "para un tema más importante" ya que "la participación no debe ser sólo consenso" con los Consells. Con todo, Cs ha valorado cuestiones como que el decreto "ponga orden" en la cartera básica de servicios sociales o la creación de una comisión interdepartamental.
La portavoz del PI, Lina Pons, también ha abogado por la tramitación como proyecto de ley. A pesar del apoyo de su grupo al conjunto del texto, ha cuestionado aspectos como el control de un posible uso fraudulento de las prestaciones sociales y las sanciones, que considera bajas, por lo que "cometer fraude sale barato". También se ha preguntado si "habrá dinero para tanta fiesta".
Desde Vox, la diputada Idoia Ribas ha alertado de la existencia de "un problema crónico" de la Comunidad. "No sólo no ha disminuido la pobreza en Baleares sino que se sigue extendiendo", ha avisado. Ribas ha cuestionado que el decreto no se limite a reforzar las prestaciones económicas de urgencia social, sino que entre a "revisar y modificación legislación aprobada por el Parlament para otro tipo de prestaciones". "Pretenden ustedes legislar al margen de este Parlament", ha protestado.
ACTUACIÓN ANTE LA CRISIS
Entre los grupos que apoyan al Govern han valorado la medida y han comparado la situación con la de la pasada crisis, acusando a la derecha de "poner todo el aparato al servicio de la economía" y no de las personas, en palabras del portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat.
La diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor ha declarado que estas prestaciones "no acabarán en un paraíso fiscal, sino que irán directamente al consumo, al pequeño comercio o comprando fruta, leche o las necesidades del día a día", por lo que contribuirán "a ayudar a la recuperación económica".
Desde el PSIB, la diputada Beatriu Gamundí ha insistido en la voluntad del Govern de luchar contra la desigualdad y ha destacado actuaciones como la contratación de un refuerzo de personal para ayudar a solicitar el ingreso mínimo vital.
Por parte de MÉS per Menorca, la diputada Patricia Font ha considerado que el IMV es una "medida positiva que llega tarde", "más de tres meses después de la declaración del estado de alarma", y que "se olvida de que el coste de la vida no es igual en todos los puntos de España". "No se puede comprar lo mismo con 400 euros en Menorca que en Cáceres o Palencia", ha argumentado.
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