Unións Agrarias denuncia que viticultores de Rías Baixas llevan sin cobrar sus uvas desde la cosecha de 2011
El sindicato Unións Agrarias ha denunciado que viticultores que suelen vender uvas a las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas acumulan impagos de sus productos de la cosecha de 2011 y, de media, cobran con un retraso de dos años.
21/7/2015 - 19:30
El sindicato Unións Agrarias ha denunciado que viticultores que suelen vender uvas a las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas acumulan impagos de sus productos de la cosecha de 2011 y, de media, cobran con un retraso de dos años.
Así lo han dado a conocer este martes el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García; el responsable del sindicato en la Denominación de Origen Rías Baixas, Manuel Ángel Dopazo; y secretario intercomarcal de UGT Pontevedra-Arousa, Ramón Vidal, en una comparecencia en la que alertaron de que estos retrasos en los pagos están llevando a muchos viticultores a "tirar a toalla", pues no pueden asumir por sí mismos los costes de producción de hasta tres cosechas sin cobrar ninguna.
Según expusieron, tan sólo algunas pequeñas bodegas pagan en el año a sus proveedores y la "situación generalizada" es el retraso en los abonos. Los responsables de Unións Agrarias aseguraron que a esta "dramática situación" se suma el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, que obliga a las bodegas a firmar un contrato con los viticultores que les vendan más de 2.500 euros antes de cada vendimia, fijando aspectos como el precio y la fecha de entrega de las uvas.
Según estos portavoces sindicales, desde que entró en vigor esa normativa, el 1 de enero de 2014, en la Denominación de Origen Rías Baixas no se ha firmado ningún contrato. Roberto García criticó que el Ministerio de Agricultura no haya tomado cartas en el asunto y anunció que Unións Agrarias va a "emplear toda la fuerza de la ley para denunciar todas y cada una de las bodegas que incumplen los contratos".
Unións Agrarias también asegura que será "beligerante" con otro aspecto de la ley, el que establece que el pago de la uva debe hacerse en un plazo máximo de 30 días, lo que significa que no podría ir más allá del 30 de enero del año siguiente a la cosecha y nunca con dos o tres años de retraso.
Roberto García recordó que no firmar los contratos debería conllevar que se abriese expediente a las bodegas y una sanción inicial de 3.000 euros estipulada por la ley y, si se insiste en esa desobediencia, el Ministerio debería aplicar multas más graves a los bodegueros. En el caso de los retrasos en el pago, por normativa son sanciones graves que deberían conllevar sanciones de entre 3.000 y 100.000 euros.
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