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Piden más de 20 años de cárcel para los regentes de un club de Cambados por prostitución, trata y agresión sexual

La Fiscalía solicita siete años de prisión por cada delito de prostitución (tres), un año por inmigración clandestina y otro año al hombre acusado de agresión sexual

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16/1/2022 - 14:40


La Fiscalía solicita siete años de prisión por cada delito de prostitución (tres), un año por inmigración clandestina y otro año al hombre acusado de agresión sexual

PONTEVEDRA, 14 (EUROPA PRESS)

Los dos responsables del club 'Pigalle' de Cambados se enfrentan a delitos de inmigración clandestina, trata de seres humanos, prostitución coactiva y agresión sexual. El juicio se celebrará en el Juzgado de Instrucción Nº4 de Cambados el 18 de enero.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los dos acusados --un hombre natural de Brasil y una mujer de Rumanía, ambos con residencia en España y sin antecedentes penales--, planearon, entre abril y marzo de 2018, captar a mujeres que residiesen en Venezuela y que estuvieran en situación de grave penuria económica para lograr que se trasladaran a España a ejercer la prostitución en el citado club, bajo las órdenes de los acusados.

Para conseguir que esas entraran en España sin ser rechazadas en la frontera, los acusados les facilitaban billetes de avión, reservas de hotel y dinero en efectivo, aparentando así una estancia como turistas.

Los acusados consiguieron traer a España a tres mujeres, dos de ellas con hijos menores a su cargo y una difícil situación económica y, la tercera, una joven de 18 años "recién cumplidos" que, por la complicada situación que atravesaba su familia, buscaba trabajo.

A través de conocidos que los acusados tenían en Venezuela contactaron con las tres mujeres, de las que tan sólo una conocía en qué consistiría verdaderamente su trabajo. A las otras dos, en cambio, se les dijo que trabajarían de camarera y "limpiando y haciendo camas" y que ganarían 800 euros.

Una vez en Cambados, se les comunicó qué debían hacer realmente y cuando se negaron, los responsables de 'Pigalle' las amenazaron con la deuda que las mujeres habían contraído con ellos --pago del billete de avión, hoteles y demás--, adeudo que estaría saldado en un mes. Ante esta situación, y dada la situación económica de las mujeres, aceptaron.

El responsable del local impuso además una serie de condiciones como que, en el caso de que no trabajaran, aunque tuvieran una causa que se lo impidiera, debían abonar una "multa" de 10 euros, 60 euros si salían del club, aunque concurriera una causa justificada --como así pasó en una ocasión en que las tres salieron para ir al hospital porque la más joven estaba enferma--.

Tampoco contaban con seguro médico y no podían salir de la habitación entre las 22,00 horas y las 12,00 o la 01,00 horas por si acudía la Policía a realizar alguna inspección para controlar el cumplimiento de la legislación de extranjería.

Asimismo, ante la posibilidad de que se marcharan del club antes de pagar la deuda que tenían, el hombre las amedrentaba diciéndoles que no le importaba perder dinero pero que pagando las encontraría allá donde estuvieran.

El responsable del Pigalle, además, está acusado de agresión sexual por encerrar a la joven de 18 años en una habitación, desnudarse e intentar forzarla.

Finalmente, las tres mujeres fueron identificadas por funcionarios de la Guardia Civil en una inspección llevada a cabo en el club "Pigalle" el 9 de julio de 2018.

PENAS

Así, la Fiscalía pide para el acusado un año de prisión por el delito de favorecimiento de la inmigración clandestina, así como siete años de cárcel por cada uno de los delitos de trata de seres humanos y prostitución coactiva --tres--.

También la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de las tres mujeres o comunicarse con ellas durante diez años; y una pena de libertad vigilada durante cinco años. Por el delito de agresión sexual, se solicita un año de prisión, la prohibición de acercarse a la víctima durante seis años y libertad vigilada por otros cinco años.

A la otra acusada se le pide un año de prisión por favorecer la inmigración clandestina, así como siete años de cárcel por cada uno de los delitos de trata de seres humanos y prostitución coactiva --tres--. También la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de las tres mujeres o comunicarse con ellas durante diez años.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, los acusados deberán abonar, además de las costas del proceso, a una de las víctimas 2.350 euros por el dinero ilícitamente obtenido y 6.000 euros por los daños morales que le provocaron; otros 1.220 euros por el dinero ilícitamente obtenido y 6.000 euros por los daños morales generados, y a la joven de 18 años, la cantidad de 2.710 euros, con la suma de 9.000 euros por los daños morales.

El acusado indemnizará a esta última con la suma de 6.000 euros por los daños morales derivados de la agresión sexual cometida.

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